El Gobierno nacional creó este martes el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, a través del cual definirá normas para detectar actividades ilegales
en internet relacionadas al coronavirus.
La medida, publicada en la Resolución 144/2020 del Boletín Oficial, lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, tiene como objetivo principal detectar la reventa de insumos de salud que son necesarios en la pandemia.
El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19 y las cuatro fuerzas federales tendrán un plazo de 20 días para designar a cada funcionario encargado de “ajustar” a las regulaciones vigentes de cada cuerpo todos “los principios, criterios y directrices generales” de la resolución.
De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”, así como también la venta de presuntos fármacos anunciados “bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.
Otra tarea será prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.
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Todas las tareas de ciberpatrullaje deberá realizarse en base a “fuentes digitales abiertas”, las cuales el Gobierno definió como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas”.
Justamente, el protocolo plantea una serie de prohibiciones para las fuerzas federales, que no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política” o “emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad” humana para realizar las averiguaciones.
Además, se indicó, Frederic coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá al menos una vez cada dos meses y deberá controlar la correcta aplicación de estas nuevas reglas, ” elaborar los lineamientos de un mecanismo de auditoría, transparencia y publicidad” del accionar policial y “proponer modificaciones o disposiciones complementarias” al protocolo.
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