“No hay un juicio más importante que otro” reiteró el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, al remitir al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de juzgar a
Cristina Kirchner en el caso de la obra pública un extenso listado de Tribunales que solicitaron una plataforma virtual para reanudar las audiencias. “Estaríamos en condiciones de comenzar el juicio por ustedes llevado adelante, a partir del momento de la conclusión de aquellos“, en relación a la solicitud de conectividad online por parte de otros TOF. Sin una fecha especificada, los magistrados reiteraron este miércoles que se les den precisiones al respecto.
El juicio contra Cristina inició el 21 de mayo de 2019. La etapa de declaraciones testimoniales -en la que serán escuchadas 180 personas- comenzó este año, pero quedó suspendida por el inició de la feria judicial por pandemia. Con tres meses sin poder reanudar las audiencias, y después de un debate sobre los problemas tecnológicos del Poder Judicial, los integrantes del TOF 2 sugirieron al menos dos vías para retomar el caso.
El Tribunal, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, remitió la semana pasada una nota al Consejo pidiendo que “se informe acerca de las posibilidades de contratar una licencia premium de la plataforma Zoom en favor de este órgano judicial”. El TOF 2 preguntó también si a criterio del personal especializado ese sistema “satisface estándares suficientes de seguridad y privacidad a los fines de continuar con el debate oral en curso”.
La respuesta del Consejo de la Magistratura -responsable de administrar los fondos del Poder Judicial- llegó este martes, y en la misma se planteó que el desarrollo de la plataforma “JITSI” en la que se viene trabajando “ha demostrado resultados satisfactorios para la celebración de videoconferencias con numerosos puntos de conexión, razón por la cual es recomendable su utilización”. Como ejemplo se puso un juicio a cargo del TOF 3 con 44 acusados.
En forma simultánea, se informó que el personal de la Dirección de Tecnología “se hará cargo esta semana de la celebración de audiencias mediante el sistema de videoconferencias en dos juicios de lesa humanidad con numerosas partes e intervinientes a desarrollarse en los Tribunales Orales de San Martín”.
Los indicadores prometen entonces, un sistema seguro para retomar las audiencias en el caso contra Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública a favor de Lázaro Báez, esto es: 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura informó al TOF 2 que como primer dato a tener en cuenta, “conforme resulta del cuadro que se adjunta y, atento a la fecha de su primera petición a este Consejo, estaríamos en condiciones de comenzar el juicio por ustedes llevado adelante a partir del momento de la conclusión de aquellos“.
Ese cuadro que se adjuntó y al que accedió Clarín, es una planilla Excel con el detalle de 423 solicitudes de videoconferencias al Consejo de la Magistratura, muchos de cuyos juicios se encuentran en pleno proceso y otros a la espera según el orden de requerimiento formulado. El dato es que, dicho por el propio TOF 2 “no aparecen registrados los pedidos del tribunal”.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que la respuesta del Consejo implica que “el juicio no puede reanudarse y que se ingresa a una suerte de lista de espera”.
En este contexto, el Consejo informó que los pedidos de los Tribunales referidos a la utilización de plataformas virtuales para la celebración de audiencias “alcanzan el número de aproximadamente los 330, de los cuales unos 30 son de alta complejidad”.
En consecuencia, se explicó que a los distintos Tribunales se les asignó cronológicamente un orden de entrada “a fin de darle respuesta a cada uno de ellos según el momento de su solicitud“. Esto así -dijo el presidente del Consejo, Alberto Lugones-, “porque no hay un juicio más importante que otro”.
Por ello, se dijo que si algún orden de prioridad se le debiera dar a los juicios “es a aquellos en los cuales hay personas con prisiones preventivas o aquellos supuestos en los que pudiera haber causas o razones que determinen la caducidad o prescripción del expediente”. Ninguno de estos dos factores se da en el caso contra Cristina Kirchner.
El TOF 2 consideró que no había precisiones en la respuesta y que se exponía un “panorama incierto”. Al no poder brindar una fecha exacta, este miércoles firmó una acordada dirigida a Lugones donde solicitó que se “responda si se puede contar de forma inmediata con la tecnología” que se dijo ya estaba en pleno funcionamiento.
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