Empresas en crisis: presentan un proyecto de ley que crea un procedimiento más simple para negociar con acreedores

y solo la feria judicial frena la avalancha de presentaciones.

Así, como en 2001 se buscó una salida mediante la creación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial o APE, ahora desde Cambiemos están impulsando un proyecto de ley para crear un procedimiento simplificado que funcione como una suerte de mediación previa al concurso, con la idea de facilitar los acuerdos y evitar la judicialización.

“El proyecto flexibiliza mucho el proceso. Es lo que se está haciendo en Europa. Hay una tendencia a buscar este mecanismo”, dijo Eduardo Amadeo, que participó de la confección del proyecto.

“La dimensión del problema actual requiere una velocidad en el procesamiento de la información, que muchas veces el sistema vigente no puede responder por las formalidades tradicionales a las que está impuesto”, asegura la presentación firmada por los senadores Esteban Bullrich y Pamela Verasay.

La iniciativa que presentaron hace un mes al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y que todavía no avanzó, crea un “Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada“, al que denominan “PRES”. Este camino será voluntario y opcional para la empresa o la persona en problemas. La meta es proponer y eventualmente aprobar un plan de reestructuración empresarial simplificado, a solicitud del deudor.

Los que podrán pedir este procedimiento son las personas humanas y jurídicas privadas facultadas a presentarse en concurso preventivo. Solo tienen que estar inscriptas en la AFIP, tener CUIT, tener dificultades económicas o financieras de carácter general o encontrarse en estado de cesación de pagos y no tienen que estar en liquidación. Lo novedoso es que “pueden solicitar la admisión conjunta dos o más personas que afirman la conveniencia de la presentación plural”, sostiene el proyecto.

El PRES será solicitado por un deudor -que puede requerir que se cite para la negociación a todos o a parte de sus acreedores- y será coordinado por un negociador privado designado por el deudor solicitante, a la manera de las mediaciones laborales. Pero el deudor debe convocar a todos los acreedores que forman una clase o clases de acreedores quirografarios invitados.

Como en el concurso, una vez que el juez admite el inicio del PRES, el deudor podrá pedir que se suspendan por 120 días corridos los pedidos de quiebras o ejecuciones u otras medidas que hagan que la empresa no pueda usar los bienes imprescindibles para su actividad. Este plazo puede extenderse hasta 180 días.

Uno de los beneficios que destacan los senadores que firman el proyecto es la velocidad de este procedimiento, contra los concursos tradicionales, que suelen llevar de 9 a 12 meses, los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales, que demoran de 6 a 9 meses o las quiebras, cuyas ejecuciones pueden llevar entre 6 y 8 años, con casos en que se extendieron por más de 20.

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La mayor parte del proceso será digital y todos podrán conocer si una empresa o un particular está en PRES. Se designarán síndicos para que determinen las deudas.

Si hay acuerdo y no hace falta que sea homologado porque así se pactó con los acreedores, las partes firman un documento. Si se requiere homologación se puede pedir al juez y si se alcanzaron las dos terceras partes del pasivo y la mayoría absoluta de acreedores quirografarios, se podrá pedir un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Si no hay acuerdo, la empresa va al concurso tradicional o APE. Y, si el acuerdo no se cumple, se podrá renegociar o ejecutar judicialmente.