En España reflejan como un “salvaje crimen policial” el asesinato del peón rural Luis Espinoza en Tucumán

único relacionado a abuso o violencia policial en este tiempo de pandemia y de coronavirus.

El crimen y el intento de ocultamiento (que en realidad se concretó durante el lapso de una semana) de Luis Armando Espinoza (31) a manos de policías tucumanos ya tiene a diez sospechosos detenidos, una pericia clave que confirmó de qué arma salió el disparo y hasta repercusión mundial.

El diario El País de España reflejó el hecho en su edición digital de este martes, con un artículo titulado “Asesinado y arrojado en un barranco: un salvaje crimen policial sacude a Argentina”. 

“Su familia lo buscó durante una semana, cada vez con menos esperanzas de encontrarlo vivo, y se sumó a un operativo de bomberos e investigadores que se trasladó a Catamarca. Seguían la pista facilitada por dos de los detenidos, que se quebraron. Manuel, otro de los hermanos Espinoza, fue el primero que lo vio a lo lejos”, detalla como parte del caso el medio ibérico.

Por su parte, la abogada de la familia Espinoza confirmó que se logró identificar de qué arma que portaban los agentes imputados partió el disparo que mató a la víctima. “Espinoza falleció en el lugar (donde se produjo el ataque) como consecuencia de una herida de arma de fuego que impactó sobre el omóplato izquierdo lesionando el pulmón y afectando una arteria vital como lo es la aorta, lo que produjo una hemorragia masiva”, dijo Cintia Campos.

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La abogada detalló que de acuerdo a los resultados de la autopsia, los policías “intentaron ocultar el cuerpo cuando Espinoza ya se encontraba sin vida”. Según Campos, a través de los peritajes se logró determinar que “el proyectil corresponde al arma del oficial auxiliar José Alberto Morales”.

De acuerdo a los resultados de los peritos del Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), la bala que impactó en la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho 9 milímetros que pertenece a Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.

Espinoza fue atacado el 15 de mayo por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, de la ciudad de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en plástico. 

Por el hecho fueron detenidos, además de Morales, otros siete policías de la comisaría de Monteagudo y dos civiles, un vigilador comunal y el hermano de uno de los agentes.

Según los investigadores, los sospechosos comenzaron a declarar y fueron contando lo que había sucedido con Espinoza, lo que permitió a la Justicia establecer que los policías habían participado en el crimen e intentaron encubrir el hecho, aunque no indicaron el lugar donde habían tirado el cuerpo de la víctima.

Los peritos utilizaron un software que les permitió establecer el recorrido que realizaron y que les indicó un posible lugar donde podrían haber arrojado el cadáver, por lo que hasta allí se dirigieron los equipos especializados en rescate de la Policía y bomberos de la fuerza y voluntarios de distintas ciudades.

Finalmente, el cuerpo fue hallado en un precipicio de 150 metros de profundidad en Alpachiri, departamento Andalgalá, Catamarca, por Manuel Espinoza, otro de los hermanos de la víctima.

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Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías a la cárcel de Villa Urquiza, a excepción de la mujer policía. Por su parte, Mónica García de Tarda, fiscal de la causa, evalúa los pasos a seguir y un posible cambio en la carátula.

Ya se realizaron en Simoca un par de marchas de familiares, amigos y vecinos de la víctima en reclamo de Justicia y con único pedido de “prisión perpetua” para todos los involucrados.