La Justicia Federal de Morón resolvió enviar a juicio al exfutbolista de Boca y la Selección colombiana, Mauricio Chicho Serna, junto a la viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo
y otras seis personas procesadas por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en Argentina.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, a cargo de Néstor Barral, tras el pedido realizado en agosto por el fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Basso, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminaldad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
Al Chicho Serna –como a la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero, el hijo Juan Sebastián Marroquín y a todos los acusados– se le atribuye haber realizado un aporte “esencial” para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín.
A Serna lo acusan de vender “a un precio irrisorio y ficticio”, los derechos posesorios del actual Club de Campo San Diego y dos lotes del Barrio Terravista
Puntualmente a Serna, nacido en Medellín, campeón del mundo con Boca en 2000 y uno de los referentes de la época dorada de Carlos Bianchi, se lo acusa de haberle entregado a Piedrahita Ceballos “a un precio irrisorio y ficticio”, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado El Campito -actualmente identificado como Club de Campo San Diego-, y dos lotes del Barrio Terravista S.A., los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar.
Serna, devenido en empresario y dueño de Imagen y Mercadeo Deportiva S.A., sigue vinculado a Boca por su hijo, quien juega en las inferiores del club.
Antes de elevar el caso a juicio, el magistrado rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento realizados por parte de las defensas. De acuerdo a la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal les imputa a Piedrahita Ceballos, al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet, a María de los Ángeles Verta, a María Gabriela Sánchez y a Pedro Antonio Ruíz, el haber integrado “una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el 29 de septiembre de 2017”.
La Justicia acusa a la organización de “poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes”
Esa organización, según las fuentes judiciales, estaba dedicada a “poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera del país, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita”.
Con ese fin, la banda llevó a cabo “actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos” y mediante distintas empresas logró ingresar al sistema financiero argentino sumas que alcanzaron los tres millones de dólares y 1,7 millones de pesos.
El devenir del expediente permitió establecer que el colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar/confitería, entre ellos en la explotación de “El Café de los Angelitos” de Balvanera, que fue allanado en 2017.
AC
