por Nicolás Gadano (*)
Las estadísticas monetarias del BCRA muestran que durante abril y mayo, los billetes y monedas en poder del público crecieron un 21% respecto al valor
de fin de marzo: más de 200.000 millones de pesos adicionales en la calle en solo dos meses.
Este inédito incremento de la circulación monetaria, que no responde a los picos estacionales de la demanda de billetes asociados con el pago de aguinaldos de julio y diciembre, estaría en gran medida explicado por el incremento de transferencias con motivo de la crisis del COVID-19, en un marco de menor velocidad de circulación del dinero.
El IFE, por ejemplo, el subsidio de $10.000 que ahora se anuncia llegaría nuevamente en junio a casi nueve millones de beneficiarios en su segundo pago, es una transferencia poco bancarizada y muy intensiva en el uso de efectivo. Hay que decir que las autoridades han contribuido a este sesgo con la inexplicable decisión de no habilitar a las billeteras electrónicas, de uso cada vez mas difundido, para que las cuentas virtuales (CVU) puedan ser utilizadas para recibir el IFE.
Más allá de los riesgos macroeconómicos de la alta emisión y su impacto en el mercado cambiario y la inflación, en el caso específico de la circulación monetaria estamos también frente a un importante problema logístico: este ritmo de aumento de la circulación en poder del público puede ser insostenible desde el punto de vista de la provisión de billetes.
La Casa de la Moneda, empresa del Estado que es el único proveedor local del Banco Central en este rubro, imprime billetes de todas las denominaciones existentes: muy pocos billetes de las denominaciones mas bajas (20, 50, 100, 200), y muchos de las mas altas (500, 1000).
Si suponemos una denominación media de $700, se necesitaría sacar a la calle 142 millones de billetes por mes para abastecer el flujo reciente de aumento de la circulación. Aun suponiendo que sólo se imprimieran billetes de la máxima denominación (1.000 pesos), este flujo implica 100 millones adicionales de billetes por mes.
El problema es que aun con los supuestos más favorables, esas cantidades superan a la capacidad productiva de la Casa de la Moneda, restricción a la que en estos días se agregan los cuellos de botella en la logística de almacenamiento y distribución del efectivo provocados por la cuarentena. Adicionalmente, la demanda de efectivo tendería a ampliarse dentro de pocas semanas, cuando se deberá afrontar el pago de los aguinaldos de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales.
En este marco, todas las medidas que apunten a disminuir el uso de efectivo -como por ejemplo el pago del IFE en billeteras electrónicas- serán favorables no solamente para evitar faltantes, sino también para bajar costos, mejorar la eficiencia del sistema de pagos y también reducir los riesgos sanitarios, al evitar las largas filas de la gente en los bancos para cobrar en efectivo sus prestaciones.
En cualquier caso, parece difícil que dichas iniciativas puedan frenar drásticamente la tendencia creciente de la circulación monetaria, impulsada también por el aumento de los precios. Por ello, más allá de la discusión acerca del eventual impacto sobre las expectativas inflacionarias y las posiciones encontradas respecto al diseño y los personajes históricos involucrados, es necesario contar cuanto antes con un billete de mayor denominación, con todas las medidas de seguridad correspondiente, que nos permita rápidamente reducir sustancialmente un riesgo operativo a escala nacional que no deberíamos correr: quedarnos sin billetes.
(*) Economista. Ex Gerente General del BCRA
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