Movilidad jubilatoria: la oposición salió a criticar el proyecto del Gobierno que busca prorrogarla por seis meses

de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio -encabezados por el radical Luis Petri- presentaron un proyecto para derogar el congelamiento y volver a la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.

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“Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros/as jubilados/as, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es un ajuste fiscal, liso y llano, que recae e impacta sobre sus haberes”, sostuvo Petri.

Tras haber reunido a la comisión mixta -con miembros del Ejecutivo y legisladores – y con el argumento de que las variables económicas están distorsionadas por la crisis del coronavirus, el Gobierno envió el jueves a la noche al Congreso un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la fórmula de movilidad, aprobada a fines de 2017.

El texto determina que hasta fin de año los aumentos trimestrales –de septiembre y diciembre- volverán a ser fijados por decreto por el Poder Ejecutivo. Desde Juntos por el Cambio, que habían presentado un dictamen de minoría en esa comisión, ahora presentaron un proyecto para pedir la derogación del congelamiento.

“La movilidad es un derecho constitucional y debe estar reglamentado por ley. Los aumentos por decreto han quitado previsibilidad a los jubilados sobre cuánto van a cobrar y los han perjudicado. Con los decretos para marzo y junio, los jubilados cobran entre $ 540 y $14.000  menos por mes de lo que les correspondería por la Ley de Movilidad. Creemos que hasta tanto se sancione una nueva ley, debe regir la actual y no puede el Ejecutivo tener esa facultad discrecional”, aseguró a Clarín el radical Alejandro Cacace, que forma parte de la comisión mixta que debe crear la nueva fórmula.

Además piden que la Oficina de Presupuesto haga las estimaciones respecto del costo presupuestario de la norma. “Creemos que hubiese revelado que la misma se trataba de un formidable ajuste fiscal y que tenía una clara finalidad recaudatoria”, aseguró Petri y agregó: “Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida, en junio les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

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Los aumentos por decretos fueron establecidos por la ley de Emergencia, aprobada el 23 de diciembre de 2019, y se aplicaron en marzo y junio, acumulando una suba de entre el 10 y el 19,9%, según los rangos de haberes. Con la fórmula suspendida correspondían un 23,72% para todos los jubilados y pensionados del régimen general y demás prestaciones sociales.

La movilidad comprende a 18 millones de beneficios, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor), AUH y Asignaciones Familiares.