La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó a la AFIP resguardar toda la información digital relacionada con la detección de 950 cuentas en el exterior no declaradas,
que le habrían sido informadas en su momento al gobierno de Cambiemos sin que eso generara ninguna acción del ente recaudador.
La magistrada dictó una serie de medidas de prueba, tras el requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la causa en la que se investiga la presunta protección de evasores por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri.
El expediente se originó en una denuncia de otro fiscal, Federico Delgado, que tras una investigación preliminar presentó una denuncia para que se investigue si Cambiemos había protegido a los titulares de las cuentas en las que, en suma, había 2.600 millones de dólares.
La jueza Capuchetti ordenó en los últimos días que la AFIP presente ante la justicia un organigrama de cargos y funciones del área encargada de recibir la información sobre las cuentas sin declarar en el exterior y que facilite los legajos personales de todos los mencionados en la denuncia, según supo hoy Télam.
La denuncia de Delgado estaba basada en una presentación del economista Jorge Gaggero que, a fines de abril pasado, solicitó una investigación sobre la base de sus conocimientos tributarios y de una nota periodística publicada por el diario “Tiempo Argentino” el 15 de abril titulada “La trastienda de las 950 cuentas en el exterior y los 2600 millones de dólares que Cambiemos omitió investigar”.
Gaggero denunció la presunta protección de evasores por parte de los funcionarios que dirigieron la AFIP antes del 10 de diciembre de 2019.
Delgado dijo que “de acuerdo con el denunciante, se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, llegada al país en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias”.
Delgado señaló que de la prueba recolectada en la investigación preliminar surge “que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún que pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades” concretada el 10 de diciembre pasado.
