Pocas horas después de la muerte de Yamil Acevedo en un hospital, los trabajadores de funerarias con trajes de materiales peligrosos amarraron su ataúd a la parte trasera de una camioneta,
lo llevaron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche.
En todo Nicaragua, las familias se ven obligadas a celebrar estos “entierros urgentes”, los funerales “express” a todas horas de la noche, sin tiempo para llamar a un sacerdote o comprar flores.
Todo es tan rápido y de manera tan extraña que los familiares temen que se estén cometiendo terribles errores.
“El médico dijo: si puedes enterrarlo lo antes posible, hazlo “, contó Amani Acevedo. “No sé si la persona en ese ataúd era incluso él”.
Se han formado largas filas en los hospitales del país y las farmacias se han quedado sin medicamentos básicos. La popular temporada de béisbol ha sido suspendida, y los jugadores se niegan a salir al campo.
Las señales de que el coronavirus se ha ensañado con Nicaragua están en todas partes.
Pero el gobierno de Daniel Ortega insiste en que tiene el virus bajo control, con la cifra más baja de muertes por COVID-19 en América Central.
Nicaragua, una nación de 6.4 millones de personas, es uno de los últimos países en resistirse a adoptar las estrictas medidas que se han implementado en gran parte del mundo para frenar la propagación de la enfermedad. Nunca cerró sus escuelas. No cerró negocios. Durante la pandemia, el gobierno no solo permitió eventos masivos, sino que los organizó.
Las familias dicen que las consecuencias de estas decisiones están siendo enterrar, literalmente, al amparo de la oscuridad, a muchos muertos. Sin ninguna prueba d COVID-19, se les dice que sus seres queridos murieron de neumonía y, por temor a contagio, se les insta a enterrarlos lo antes posible.
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Las organizaciones de salud están luchando por obtener números de casos precisos. Las pruebas son limitadas y controladas por el gobierno. Los médicos y activistas que observan enfermedades respiratorias en todo el país se preparan para el desastre.
Enfrentando críticas fulminantes, el gobierno emitió un informe el lunes pasado afirmando que los críticos estaban tratando de sembrar el caos, y que la gran mayoría de las personas en el país, la segunda más pobre del hemisferio, no podía permitirse perder el trabajo bajo un estricto cierre.
En el documento, el gobierno comparó su enfoque con el de Suecia, argumentando que la respuesta de cada país a la pandemia debe adaptarse a su propia realidad.
“Los países que han cerrado totalmente sus economías se sienten incómodos con el ejemplo de países que no aplican un cierre draconiano y no destruyen sus economías para enfrentar la pandemia”, dijo el gobierno en el documento.
El documento no dijo cuántas personas se habían hecho la prueba del virus ni explicó por qué el gobierno permitió que eventos masivos, como festivales de comida y una marcha llamada “Amor en el tiempo de COVID”, continuaran según lo planeado.
En un video preparado por el gobierno, Paul Oquist, un asesor de Ortega nacido en Estados Unidos, dijo que las personas en el campo no podían refugiarse en sus hogares porque estaban ocupadas ordeñando vacas, recolectando huevos y buscando madera. Alrededor del 80% de los trabajadores en las ciudades nicaragüenses tienen empleos informales, dijo, y si no trabajan, no comen.
Oquist agregó que el sistema de salud del país estaba preparado para el brote porque el gobierno de Ortega había aumentado la cantidad de hospitales y médicos en los últimos 13 años. Diecinueve hospitales fueron designados para responder al coronavirus, y que una campaña masiva para desinfectar taxis, autobuses, escuelas y mercados estaba en marcha.
Durante casi dos meses, el gobierno reportó solo un puñado de infecciones. Sin embargo, a fines de mayo, a medida que los signos de la propagación del virus se hicieron más evidentes, el recuento del gobierno se multiplicó por 10, y el Ministerio de Salud ahora dice que ha confirmado 759 casos y 35 muertes.
El Observatorio Ciudadano, un grupo anónimo de 90 médicos, epidemiólogos y otros voluntarios de salud pública que formaron una organización clandestina para rastrear los casos de coronavirus en Nicaragua, coloca el número de muertes por coronavirus en Nicaragua en 805. Han contado 3.725 casos hasta el sábado.
El gobierno dice que los casos de neumonía de rutina, que no son más altos de lo normal, se combinan con el coronavirus.
Amani Acevedo dijo que lo absurdo del diagnóstico de neumonía de su padre, un asistente ejecutivo retirado de 61 años que murió después de una enfermedad de dos semanas, fue claro por el momento de su funeral: la medianoche.
Aunque los expertos dicen que no es necesario, las personas que mueren de “neumonía atípica” están siendo enterradas rápidamente debido a un aparente temor al contagio, lo que hace obvio el diagnóstico incorrecto, dijo la familia.
¿Desde cuándo -preguntó Acevedo en una entrevista- los nicaragüenses entierran a sus muertos a esas horas? Los casos de neumonía en otros años no habían llevado a servicios fúnebres apresurados y nocturnos.
“Mi padre no murió de neumonía”, dijo Acevedo. “Mi padre murió de COVID-19”.
La pandemia ha llegado en un momento en que cae la confianza en el gobierno nicaragüense. Hace dos años, enormes sublevaciones contra Ortega dejaron cientos de personas muertas o en prisión.
En el documento publicado el lunes pasado, el gobierno afirmó que sus oponentes estaban tratando de usar la pandemia para forzar el colapso económico y socavar la administración de Ortega en un momento en que la economía todavía se está recuperando de los levantamientos, que según dice, costaron más de 150.000 empleos.
El Dr. Carlos Quant, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Manolo Morales en Managua, dijo que al menos 100 trabajadores médicos en su hospital estaban enfermos, pero el hospital dejó de examinar a los miembros del personal para detectar la enfermedad.
Dijo que no estaba claro si había escasez de suministros de prueba o un cuello de botella en las instalaciones de prueba centralizadas por el gobierno, pero que pocos de los pacientes que probablemente murieron de COVID-19 tenían la causa correcta de muerte en la lista en sus certificados de defunción.
“No sé si es una mala intención tener un conteo insuficiente, ocultar información u ocultar datos, pero es muy fácil para el gobierno decir: No, estas son neumonías atípicas”, dijo. “Y, claro, son neumonías atípicas, porque no se prueban”.
Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, la división regional de la Organización Mundial de la Salud, dijo que las autoridades sanitarias internacionales estaban luchando por obtener datos precisos de Nicaragua. La mayoría de los países proporcionan cifras diarias, mientras que Nicaragua publica solo números semanales.
Nicaragua no ha aceptado la oferta de la organización de enviar expertos internacionales para llevar a cabo un análisis epidemiológico y una evaluación de los servicios de salud de Nicaragua, dijo. Pero señaló que el gobierno finalmente acordó en las últimas semanas limitar el tamaño de los eventos en masa.
Si bien el gobierno no ha cerrado las escuelas, la mayoría de las aulas están vacías: los padres mantienen a sus hijos en casa.
“Todo el mundo tiene que entender la verdad del crimen que está cometiendo nuestro gobierno”, dijo Elena Cano, cuyo hijo de 46 años, Camilo Meléndez, gerente de instalaciones en el edificio de la Asamblea Nacional, murió el 19 de mayo después de tratar de conseguirlo. atención médica varias veces.
Su certificado de defunción dice que murió de insuficiencia respiratoria aguda como consecuencia de una “neumonía grave inusual”.
Alfonso Flores Bermúdez y Frances Robles. The New York Times
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