de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.
El DNU también dispuso la ocupación por 60 días de la sociedad, en forma administrativa, en razón de utilidad pública, “lo que se vuelve urgente en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía”.
Asimismo, oficializó la designación en el cargo de interventor de la sociedad a Roberto Delgado y en el de subinterventor a Luciano Zarich.
Precisó que, “al finalizar su cometido, el interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, en provincia de Santa Fe, interviniente en el concurso preventivo”.
El Gobierno puntualizó que “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”, todas de propiedad de Vicentin.
“Frente a la situación de falencia de Vicentin y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”, afirmó.
Además, remarcó que “la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior”.
Indicó que “ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín”.
Precisó que en el mismo proyecto “se propondrá la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el fiduciario, YPF”.
El decreto destacó, por otro lado, que el 10 de febrero último Vicentin se había presentado en concurso preventivo con una deuda denunciada de $ 99.345.263.086,50, y la cantidad de acreedores denunciados asciende a más de 2.000.
Señalo que, a partir del 4 de diciembre de 2019, la sociedad se encuentra técnicamente en cesación de pagos, y puso de relieve que antes de entrar en esa condición, la compañía “cedió, para saldar deudas comerciales, un tercio de su participación en la sociedad Renova al grupo Glencore”.
Ese grupo, señaló, “pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66.67% de las acciones, perdiendo de esta forma Vicentín el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico”.
Asimismo, remarcó que “algunas de las empresas en que tiene participación societaria, como es el caso de Algodonera Avellaneda, comenzaron a evidenciar serias dificultades en marzo, licenciando a 500 empleados y paralizando su actividad”.
Afirmó que “estas situaciones incrementaron el nivel de incertidumbre en el mercado agroindustrial, creando un panorama cada vez más complejo para la firma”.
Subrayó que el accionar de Vicentin “no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, los que, en muchos casos, tomaron la decisión de no vender sus existencias a esta sociedad, profundizando la crisis puertas adentro de la empresa”.
Precisó que la composición de la deuda alcanza los $ 63.961.563.645,69, entre los acreedores financieros locales, como los bancos Nación, Provincia, Ciudad, de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú y de Santa Fe.
Añadió que entre los principales acreedores financieros internacionales, con quienes la deuda es de $30.153.285.892,26; se encuentran la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial; el banco de desarrollo holandés Netherlandese Financerings; y el banco neerlandés ING, sucursal Tokio.
El decreto destacó que “se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades del Banco Nación actuaron en infracción a la normativa vigente cuando le permitieron a la empresa asumir una deuda millonaria con esa entidad bancaria”.
