En Wall Street y Washington afirman que la medida puede “complicar aún más el clima de inversiones”

por el Gobierno, podría haberse definido “dentro del sector privado”. Agregan que la medida podría tener impacto en las negociaciones con los bonistas y que puede “complicar aún más el clima de inversiones” en nuestro país.

Para Sebastián Vargas, estratega para Latinoamérica del banco Barclays, “en 2009 Argentina nacionalizó el sistema de AFJP y en 2012 se expropió YPF, con apoyo del Congreso. En ambos casos, el Gobierno relanza su gestión económica con estos hitos. La nacionalización de las AFJP dio alivio fiscal durante la crisis Lehman Brothers y asientos en los directorios de empresas privadas sin impacto evidente en la gestión de estas empresas. La expropiación de YPF fue en el contexto de la crisis energética y fue el puntapié de un giro material en la política energética, como también otorgó una mayor capacidad de direccionar políticas en Vaca Muerta. En el caso de Vicentin, no me queda claro aún cuál es el objetivo en términos de gestión, pero sí es posible que también se corresponda con un relanzamiento simbólico de la gestión económica en conjunto con la finalización de la restructuración de la deuda de cara a la salida de la crisis de la cuarentena”.

Vargas no cree que la medida pueda afectar directamente las negociaciones con los bonistas, pero advierte sobre el clima volátil que genera. “Mi sensación es que la negociación de la deuda va por otro carril y que está en los intereses de los bonistas y de la Argentina que esa transacción no se descarrile después de tantos meses de idas y venidas. Sin embargo, los inversores sin duda toman nota que la volatilidad inducida por las decisiones económicas persiste en Argentina. La volatilidad sigue siendo una constante para incorporar en sus valuaciones”, señaló.

Fernando Losada, economista jefe de Oppenheimer & Company dijo que “en virtud de la búsqueda de diferentes ‘soberanías’ se cometieron muchos errores de política económica en años pasados, que han tenido un costo en términos de crecimiento y bienestar para todos los argentinos. El problema de esta compañía podría haber sido resuelto enteramente dentro del sector privado, sin necesidad de abrir la puerta a especulaciones de que podría haber más medidas de este tipo en otros sectores en un momento en el que el país necesita tranquilizarse para proveer un marco atractivo para la inversión privada”.

Losada cree que el tema puede afectar las actuales negociaciones con los bonistas. “El impacto podría ocurrir de manera indirecta, a través de algún efecto sobre la tasa de descuento que el mercado va a usar para valuar la oferta revisada del gobierno. Cuanto menor claridad exista en las reglas del juego, más alta va a ser esa tasa y más castigados van a estar los valores de los nuevos bonos”.

Carlos Abadi, director ejecutivo de la consultora financiera Decision Boundaries, señaló que “la soberanía alimentaria es un concepto excepcional que se aplica sólo en casos de guerra o de malas relaciones diplomático-comerciales con países productores de alimentos. Argentina tiene seguridad alimentaria, es decir la capacidad de abastecerse de todos los alimentos que necesita para alimentar a su población. El problema de la Argentina, por lo tanto, no es la seguridad alimentaria sino el bajo poder adquisitivo de la población. Las expropiaciones son un método muy ineficiente para subsidiar la producción alimentaria”.

Para Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center, “esto no es tan extraño en el contexto de un rescate federal, pero es mejor cuando la empresa pide la ayuda”. 

Gedan agregó que, con esta decisión, “Argentina corre el riesgo de complicar aún más su clima de inversiones” que serán muy necesarias para la recuperación económica después de la pandemia. “Ya es un lugar poco atractivo en muchos aspectos, con controles de capitales, una moneda sobrevalorada, una inflación altísima, ni hablar del default”, señaló, y agregó que “en cualquier país, no es claro que el gobierno tiene la mejor capacidad para manejar una empresa privada” y que “la reacción tibia del sector privado argentino es una mala señal, porque no da la impresión que el Gobierno está rescatando una industria, sino ampliando el rol del estado en la economía”.

Michael Shifter, presidente de InterAmerican Dialogue, dijo que “no es sorprendente que la decisión del gobierno de Fernández de intervenir en Vicentin haya generado preocupación en el sector privado. La medida parece recordar lo que sucedió bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner y solo fortalecerá la percepción de que, como vicepresidenta, ella es el verdadero poder en este gobierno”. Agregó que la decisión de la administración Fernández “refuerza la preocupación familiar de la inseguridad jurídica en Argentina y no inspirará la confianza de los inversores en el país. Aunque la comparación con Venezuela me parece exagerada (existen diferencias fundamentales entre los dos casos) para la comunidad empresarial, no es necesario invocar el caso de Venezuela para alimentar las preocupaciones sobre la dirección en la que este Gobierno podría estar dirigiéndose”.

Washington. Corresponsal