El diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de
Presupuesto, Carlos Heller, dijo que la intervención y proyecto de expropiación de la firma Vicentin permitirá sanear su situación financiera y convertirla en una empresa testigo para el mercado de granos.
“Esta decisión sanea una situación, crea una empresa testigo en un mercado de gran trascendencia, protege la fuente de trabajo de miles de trabajadores y de unos 2600 productores que son los proveedores de Vicentin y hoy están todos agarrados del pincel, entregaron su mercadería y se quedaron en la vía”, sostuvo Heller en diálogo con AM 990.
Señaló que “el paso es de una enorme trascendencia” porque “el riesgo era que Vicentin terminara en manos de una multinacional que concentrara aún más el negocio o de algún grupo que comprara deuda y terminara licuando el activo que el Estado tiene adentro”.
Dijo que Vicentin “es una empresa que marca la cancha en el comercio exterior argentino de granos, oleaginosas y derivados y además es un grupo que se había expandido horizontalmente”.
“Tener una empresa testigo estatal en el mercado exportador es de una enorme importancia porque hace a la fijación de precios, hace a los precios que se le pagan a los productores, no es una empresa cualquiera”, destacó. “Si establece una mejor condición a los productores de precios y de tiempos de liquidación y demás, está condicionando al resto”, concluyó Heller.
La entidad consideró hoy “muy positiva la intervención del Estado y el proyecto de ley de expropiación de la cerealera VicentIn”.
En este sentido, la entidad pyme señaló que, dado que VicentIn es una de las mayores compañías agroexportadoras, la decisión es “clave para el desarrollo de políticas públicas que avancen en el camino de la soberanía alimentaria de la Argentina, la recomposición del ahorro nacional y la incorporación de mayor valor agregado”.
Asimismo, Apyme sostiene que la intervención, “lejos de ser un ataque a la propiedad privada”, significa “salvaguardar la actividad económica y el entramado productivo local en un momento de crisis sanitaria económica y social”. En consonancia, destacan que “la iniciativa lleva tranquilidad a miles de trabajadores y cientos de productores y proveedores de servicios” ya que “esta megaempresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores y había cortado la cadena de pagos”.
Por último, la Asamblea empresarial pidió que “se lleve hasta sus últimas instancias la investigación en curso por el vaciamiento de la empresa y los créditos millonarios que recibió del Banco Nación bajo el anterior gobierno”.
El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), Rafael Klejzer, destacó que con esta decisión “el Estado Nacional puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973 en el país”.
En declaraciones a Télam, añadió que ese “fue uno de los objetivos centrales del Plan Perón-Gelbard” y subrayó que con esta decisión “se podrá controlar cerca del 10 por ciento de la exportación con una empresa pública testigo”.
Agregó que “de no haberse tomado una medida en esa dirección, la situación de Vicentin seguramente hubiera sido aprovechada por la acción rapaz de las corporaciones cerealeras o grupos de inversionistas”.
El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, consideró en declaraciones a esta agencia que la decisión es una “medida histórica por su magnitud y la importancia de la empresa” y “un triunfo para el pueblo”.
En ese sentido, el dirigente social destacó que la medida contribuirá a “garantizar las fuentes laborales y el pago a los productores agropecuarios” y recordó que la cerealera “no solo estafó a los bancos estatales, sino también a miles de productores, y puso en riesgo miles de puestos de trabajo”.
Por su parte, el secretario general del Movimiento Octubre y diputado del Parlasur, Gastón Harispe, afirmó que la media adoptada por el Gobierno Nacional “regulará el mercado” y hará que los productos argentinos “favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado interno y del comercio exterior”.
“La recuperación de Vicentin es una medida histórica esperada, necesaria, oportuna, porque la Argentina, a través del Estado, entra al negocio de la exportación de cereales con una herramienta, un instrumento muy importante, que regulará el mercado y hará que nuestro productos favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado interno y del comercio exterior”, dijo Harispe a Télam.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Angel ‘Lito’ Borello, afirmó que Vicentin “en manos del Estado será una herramienta de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y el ejercicio de la soberanía”.
El subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local y coordinador Nacional de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, destacó también en diálogo con Télam la decisión y dijo: “El Estado argentino debe participar en la producción de alimentos. Es fundamental para poder cuidar los precios de la mesa de todos los argentinos.
“Así como la recuperación de YPF fue un gran triunfo para la soberanía nacional, también lo es esta expropiación para poder intervenir y ser parte del entramado agroindustrial y nos ayudará con el objetivo de garantizar la alimentación a un bajo costo para todos los argentinos”, completó
Por último, el secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe, consideró que la medida “reafirma la decisión del Estado Nacional de construir soberanía alimentaria e involucrarse de lleno en el principal negocio que tiene nuestro país, que es el complejo agroexportador”.
Añadió que también “garantiza los miles de puestos de trabajo que existen alrededor de la empresa y la continuidad de los productores que la proveen y recupera el préstamo irregular realizado por la gestión macrista del Banco Nación”.
