El secretario de Organización de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alberto Kahale, indicó a Télam que “la decisión hay que respetarla pero no estoy de acuerdo
en hacerlo en estos momentos” y afirmó que “el Estado puede salir a ayudar de distintas maneras”.
“Expropiar es una palabra dura”, señaló Kahale, aunque advirtió que “es raro que la tercera cerealera más importante del país termine con esas deudas” y dijo que “la acción del Presidente es querer intervenirla para salvarla”.
El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dijo a Télam que “la situación de Vicentin es completamente anormal ya que tomó créditos millonarios del Banco Nación, en un momento donde no había financiamiento en el país”.
Frente a esa realidad, “el Estado tiene el derecho a saber lo que está pasando, no puede ser ajeno; con lo cual, la intervención es razonable para poder investigar la anomalía”, opinó el dirigente industrial.
“Si se cae Vicentin, puede afectar a la economía porque hablamos de una compañía líder en exportaciones, con planta de empleados numerosa y gran cantidad de proveedores”, resaltó Rosato.
La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) apoyó la iniciativa con el argumento de que “el Grupo Vicentín se fondeaba con recursos ilimitados del Banco Nación, del BICE o del Banco Ciudad, y pretendía hacer un ´pagadiós´ a cientos de productores”.
“Permitir este comportamiento hubiese atentado contra la seguridad jurídica y hubiese dejado a la Argentina absolutamente fuera de los estándares internacionales en lo referido a transparencia y corrupción empresarial”, concluyó en un comunicado.
En sentido opuesto, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, consideró un “avasallamiento a la justicia comercial” la medida anunciada el lunes y consideró que la intervención “genera una incertidumbre jurídica que inevitablemente afectará a las inversiones privadas en el país”.
Para Ammaturo, “el delicado momento que atraviesa la economía argentina requiere de decisiones moderadas, acordes a los tiempos, y que permitan pensar y planificar cómo se va a reactivar el país una vez pasada la pandemia”.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Bahía Blanca consideró como un hecho “positivo para la producción nacional y la soberanía alimentaria” la intervención del Estado y el proyecto de “la ley de expropiación de Vicentin anunciados por el presidente Alberto Fernández”.
“En el actual marco de emergencia económica y social, la iniciativa del gobierno lleva tranquilidad a miles de trabajadores y cientos de productores y proveedores de servicios, entre ellos muchas cooperativas”, sostuvo el presidente de Apyme Bahía Blanca, Carlos Ferrari.
