Los distintos proyectos que buscan gravar los patrimonios y aplicar impuestos extraordinarios a los sectores más ricos, “no sólo son necesarios para enfrentar la crisis, sino que
también son justos en términos sociales y económicos”, afirmó un análisis del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (Idesba) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA),
“Mientras que a nivel nacional se está discutiendo la posibilidad de implementar un impuesto a los las grandes fortunas, a nivel provincial y municipal también se está analizando la instrumentación de contribuciones extraordinarias para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus”, puntualizó el reporte elaborado por el coordinador del Área de Economía Política del Idesba Andrés Wainer.
Precisó que “algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ya han dispuesto un aumento de las tasas que pagan las entidades financieras en concepto de seguridad e higiene, en tanto a nivel provincial se está discutiendo la posibilidad de aplicarles un aumento extraordinario en la alícuota de Ingresos Brutos, que incluiría también a empresas agroquímicas y proveedoras de Internet”.
Subrayó que “se trata, en todos los casos, de actividades que se vieron muy beneficiadas durante los últimos años y que no se vieron afectadas sensiblemente por la pandemia” de coronavirus.
Así remarcó que “este tipo de contribuciones no sólo son necesarias para enfrentar la crisis sino que también son justas en términos sociales y económicos”.
“Este tipo de gravámenes no sólo no afecta la inversión sino que podría contribuir a mejorar las cuentas externas del país, reduciendo la fuga de capitales y la demanda de importaciones, y favorecer la recuperación de la actividad económica al redistribuir recursos que quedarían ociosos hacia sectores que consumen la totalidad de su ingreso y que demandan bienes mayormente de producción local”, puntualizó el Idesba.
Señaló que “el sistema tributario argentino es fuertemente regresivo”, porque explicó que “se basa en la producción y el consumo”.
Sostuvo que “proporcionalmente pagan más impuestos los que menos tienen”, y destacó que “el IVA (Impuesto al Valor Agregado) es el principal tributo nacional”,
Puntualizó que “los más ricos y las grandes empresas también se benefician de la acción estatal, tanto de manera directa, a través de subsidios a las tarifas de servicios públicos, ayudas para el pago de salarios, créditos subsidiados, como de manera indirecta, al contribuir a la reducción de la conflictividad social”.
Afirmó que “es falso que los impuestos a los patrimonios y a sectores altamente beneficiados afecten la inversión de las empresas”, y consideró que “estos sólo reducen el ahorro o el consumo de los sectores más acaudalados”.
Aseguró que “en la última década la mayor parte de las ganancias de las grandes empresas ha tenido como destino la fuga de capitales, con lo cual la reinversión de las mismas ya era reducida”.
Al respecto, remarcó que “además de afectar la recaudación tributaria y el nivel de actividad, esta conducta especulativa ha generado continuas presiones sobre el tipo de cambio”.
También sostuvo que “no es cierto que el consumo de los ricos derrame hacia abajo, ya que en su mayor parte se trata de bienes suntuarios con un alto contenido importado, por lo cual su contribución a la generación de empleo local es muy reducida”.
