La polémica
La interna entre el juez penal Marcelo Nieto Di Biase y el fiscal Fernando Rivarola estalló poco después de la desafortunada frase que el instructor utilizó en la solicitud de juicio abreviado contra tres de los cincos imputados por el ataque sexual contra una joven de 16 años, ocurrido en la localidad de Playa Unión, en el año 2012.
Rivarola habló de “desahogo sexual doloso”y automáticamente recibió una catarata de críticas en todo el país. Incluso, hasta el propio gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se encargó de motorizar el pedido de juicio político en su contra.
En medio de la polémica, el magistrado no solo no acompañó el pedido de juicio abreviado sino que además denunció “un acuerdo extrajudicial”.
“Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”, expuso en la resolución, y agregó: “Por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción”.
“Desahogo sexual”: el fiscal se arrepintió y admitió que fue una frase machista
La respuesta no tardó en llegar. El fiscal no solo impugnó hoy la resolución del martes pasado sino que además dio a conocer la posición de la fiscalía general.
“Vulnera el derecho de la víctima a ser oída y que su opinión sea considerada; contiene una falacia demagógica; se entromete en el ámbito de decisiones del titular de la acción; genera un perjuicio sin dar a las partes la posibilidad de defenderse; carece de perspectiva de género; y es discriminatoria”, se indicó en el sitio del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.
Para la fiscalía, el juez “cosificó a la víctima con un estándar de moralidad basado en estereotipos patriarcales y machistas absolutamente repudiables, dejándola en un total desamparo, revictimizándola y desoyendo su opinión”.
El recurso de impugnación plantea que “el juez se entromete en el ámbito de las decisiones de política de persecución penal y de disponibilidad de la acción pública del Ministerio Público Fiscal”.
“Se extralimita realizando una crítica injustificada respecto del potencial probatorio. Conjetura, sin fundamento alguno, que, en el juicio oral, un testigo brindaría un testimonio más preciso y en sentido más incriminatorio que el efectuado en la Etapa Penal Preparatoria”.
El caso. La investigación por el abuso sexual en manada se inició a principios del 2019, a partir de la denuncia que realizó la víctima en las redes sociales. Cinco jóvenes, todos ellos hijos de conocidos empresarios de la zona, fueron acusados de violar a una menor en la localidad de Playa Unión, en medio de una fiesta privada.
En los inicios de la causa, Rivarola pidió la imputación de sospechosos por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”. Sin embargo, el funcionario judicial decidió modificar la carátula por “abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas”.
El relato que en su momento hizo la víctima es estremecedor. “Fuimos a pasar la semana de la primavera a Playa Unión, Rawson, con un grupo de siete amigas. Estábamos en una fiesta que era en la casa de Robertino y Francesco V. y a poco tiempo de llegar perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones: Ezequiel Q., Leo DV., Luciano M. y Robertino V. Joaquín P. era testigo y Tomás S. sostenía la puerta evitando que entre alguien o que yo pueda salir”, comienza el texto.
“Desahogo sexual doloso”: la explicación que dio el fiscal por su polémica frase
“Estaba en estado de shock y entre varias personas me intentaron calmar. Como estaba desnuda, buscaron mi ropa que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación. En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta, al grito de ‘no cuenten nada’”, relató.
“Al volver a Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual. Robertino V. se comunicó conmigo pidiéndome que ‘no lo denuncie porque sus padres se estaban por separar’. Para lavar su nombre, Joaquín P. habló con mis papás mintiendo sobre su participación y confesando que me drogaron para someterme. A los días, una amiga los escuchó hablando, tranquilizándose entre ellos porque yo no había hecho la denuncia”, recordó la víctima.
LN/MC
