Un tribunal de la ciudad misionera de Oberá selló uno de los crímenes más brutales que sufrió esa ciudad con un alto grado de impunidad, que no puede ser despegada de
la presión del poder político, ya que uno de los investigados era el hijo de una ex diputada provincial del oficialismo. María Elena Bárbaro tenía 54 años y su discapacidad motriz impidió que pudiera defenderse de los delincuentes que la atacaron en su casa la noche del 17 de abril de 2004, aprovechando que vivía sola junto a sus gatos.
La mujer, que no podía desplazarse por sus medios, fue asesinada a golpes y su cuerpo arrastrado hasta un sótano, donde fue semienterrado. La investigación fue un compendio de sospechosos errores y caídas de plazos procesales que inevitablemente derivaron en el sobreseimiento de casi la totalidad de los acusados, entre ellos Matías Ortiz, el hijo de la ex legisladora Marlene Carballo, uno de las espadas del oficialista Frente Renovador.
Pasaron 16 años y un Tribunal conformado por jueces subrogantes terminó condenando a Rubén Schnimg, quien admitió haber actuado de campana mientras sus amigos ingresaban a la vivienda de Bárbaro para robar.
El imputado, que por entonces tenia 20 años, contó quiénes lo acompañaron en el robo que terminó con la muerte de la mujer. Pero eso sólo alcanzó para que la Justicia lo condenara a 13 años de cárcel por el delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y robo.
La “rosca” judicial estuvo presente hasta el último minuto porque Schnimg optó por negociar con el fiscal una pena menor a cambio de declararse culpable. Finalmente acordaron trece años de prisión, pero como pasó más de siete años detenido con prisión preventiva, está en condiciones de pedir las salidas transitorias y en muy poco tiempo la libertad condicional.
En abril de 2004 a la Policía no le llevó mucho tiempo llegar hasta los sospechosos del crimen. Los delincuentes se habían llevado el auto de la mujer y antes de abandonarlo pasearon por la zona céntrica de Oberá. El coche fue hallado dos días más tarde y entonces los investigadores decidieron realizar una inspección en la vivienda. Fue cuando se toparon con el cadáver en el sótano, cubierto con bolsas de arena y tierra.
Unas horas después, los investigadores detuvieron a Jorge Gabriel Pietroski, Daniel Núñez y Schnimg, de 18 y 20 años. En la causa hubo otro detenido, pero fue rápidamente desvinculado.
La declaración de Schnimg fue clave, porque involucró en el robo a Matías Ortiz, de 18 años, y el juez de Instrucción Horacio Alarcón ordenó su detención. El hijo de la legisladora nunca pisaría un calabozo, ya que el tiempo que estuvo privado de su libertad estuvo alojado en la habitación de una clínica psiquiátrica de Oberá, con todas las comodidades y privilegios que implica cercanía con el poder político.
Cuando los peritos requisaron el coche de Ortiz, hallaron un cabello de la víctima, pero su defensa pidió la nulidad porque misteriosamente la faja de cierre del vehículo fue violada en una comisaría. Previsiblemente, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones le dio la razón.
En 2016 los jueces le dieron el golpe de gracia a la investigación: desvincularon definitivamente a todos los imputados. O casi, porque Schnimg no lo consiguió porque había admitido su presencia en las inmediaciones de la casa de Bárbaro.
El joven estuvo preso siete años sin una condena y recién en 2011 la Justicia decidió liberarlo hasta que se pudiera realizar el juicio oral. Ahora, con la sentencia, volvió a una unidad penal para completar la condena.
No alcanzaron las decenas de marchas de silencio que la familia Bárbaro encabezó para pedir justicia por “Marilyn”. Juana, una de sus hermanas, murió hace dos años pidiendo que el caso se resolviera en un juicio oral. Su vida se apagó antes que la Justicia de Misiones terminara de escribir uno de sus capítulos más oscuros.
Misiones. Corresponsal.
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