El gobierno nacional ratificó el proceso que inició con la intervención de Vicentin, al asegurar el presidente Alberto Fernández que el objetivo no es estatizar empresas sino
rescatar una de las compañías centrales para el desarrollo del país, y al señalar el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que la manera de que Argentina no pierda la agroexportadora “es la expropiación”.
“Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, que siga trabajando, no estamos para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país”, afirmó el Presidente esta tarde en su visita a La Rioja.
De esta manera se ratificó que para el gobierno nacional no hay una negociación en marcha con los ex directivos de la cerealera santafesina, sino que se sostiene la idea original de la intervención y el debate en el Congreso por la expropiación, aunque está abierto a propuestas superadoras aún no alcanzadas, explicaron esta tarde e Télam fuentes oficiales
“No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos”, agregó el jefe de Estado y apuntó que “la historia muestra que frente a la pandemia, el capital propio es muy importante”.
En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que la intervención a Vicentin “es una decisión política estratégica”, y remarcó que “el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación”.
Para el titular de la cartera agropecuaria, el objetivo es “buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice ni se desguace”, ya que Vicentin “es muy relevante para la economía argentina”.
Tras cuestionar la “tendencia desastrosa del modelo (del gobierno) anterior”, Basterra señaló que grupos extranjeros tienen 40% de las acreencias de la cerealera y destacó que lo que anima al Gobierno “no es animaversión contra la empresa” sino que, “todo lo contrario, es el rescate de una empresa”.
El ministro aclaró que “no hay una intención de llegar a un Estado empresario que capture todos los procesos de transformación ni mucho menos, pero es importante tener una empresa testigo en un sector desregulado, como es el caso de YPF en el mercado de combustibles”.
Según pudo saber Télam, los ex directivos de Vicentin hicieron hoy un planteo muy preliminar que no llega a ser una propuesta, en la misma línea con lo que esbozaron en la reunión de anoche en Olivos y que el Presidente ya consideró inaceptable.
Sin embargo, se dejó la puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa, trascendió de fuentes oficiales.
En la jornada de hoy la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a los dueños de la cerealera.
En un escrito presentado ante la Justicia Federal el organismo antilavado formuló esta acusación y solicitó ser tenido por querellante en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por $18.500 millones por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno anterior.
En tanto, el Senado comenzó esta tarde a discutir en comisión un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a Vicentin, cuya intervención dispuso el Presidente.
En otro orden, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires consideró hoy positiva la apertura de una instancia de diálogo entre la empresa Vicentin y el gobierno nacional “para arribar a una solución que permita mantener la operatividad y el pleno empleo, sin necesidad de recurrir a medidas extremas” que “perjudicarán al erario público y sobre todo nuestra imagen de país, en momentos críticos de renegociación de deuda”.
En tanto, también se conocieron nuevas expresiones de rechazo a la decisión del gobierno, como el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) que consideró “prioritario y esencial el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica” y manifestó su deseo de encontrar “un marco de diálogo y concordancia que promueva a las partes a buscar una salida conjunta”.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que representa a empresas productoras y exportadoras de biodiésel, sumó su “preocupación” en pos se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, de modo de “no generar inseguridad jurídica, cuestionando la propiedad privada que aleja las inversiones”.
