las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.
El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.
“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”, sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentación realizada ante la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.
En el mismo texto se agregó que “Vicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.
“Es de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo”, indicó.
Para la UIF, “tanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen también claramente dado que las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”.
El organismo destacó, además, que “el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido Sandleris.
En ese contexto, la UIF le reclamó al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se “ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se “proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes”.
Días atrás, fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación de la empresa Vicentin recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde el Banco Nación que ahora están siendo analizados.
La denuncia que dio origen a las actuaciones se presentó a raíz de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
Esta semana, el Gobierno nacional dispuso a través de un decreto de necesidad y urgencia la intervención por 60 días de Vicentin para, según argumentó, asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.
