Luego del envío de tres pedidos de cooperación y dos años de espera, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky solicitó esta semana a la Corte que intervenga y lo
ayude a que el gobierno chavista conteste sobre multimillonarias negocios sospechados de contrabando por las cuales está procesado el empresario Juan José Levy, vinculado al entorno del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
El pedido lo hizo en una resolución que sigue una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones de su fuero en torno al plazo dispuesto de seis meses para que se adopten “las medidas necesarias a los fines de establecer con mayor precisión los hechos objeto de imputación”. Por su parte, Levy negó haber cometido algún delito y dijo que sus negocios con Venezuela fueron legales.
En su resolución de esta semana, Aguinsky recuerda los dos años de trámites para el envío de exhortos, a través de la Cancillería, a la justicia de Venezuela “sin contestación alguna hasta el presente, estimo que corresponde peticionar a la Alzada que tenga a bien decidir dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera excepcional para que, por su intermedio y con su máxima jerarquía e idoneidad, le solicite a su vez al Poder Ejecutivo tenga a bien requerirle al Gobierno de Venezuela que se expida sobre el exhorto aludido”. El caso se refiere al Convenio Integral de Cooperación suscripto entre ambos países, sobre las que “pesan sospechas de delitos de lavado de activos, cohecho y soborno trasnacional”.
“Pese a la acreditada insistencia de la Justicia argentina, ninguna respuesta se ha conseguido al momento utilizando los canales procesales regulares al amparo de las reglas del derecho interno e internacional”, agregó el magistrado.
En el 2017, Aguinsky procesó a Levy y otros empresarios por lavado de dinero y contrabando en negocios multimillonarios con la Venezuela chavista. Levy tiene estrechas relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olazagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina Kirchner a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.
A fines de ese año la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó los procesamientos por lavado de activos pero dejó firme la falta de mérito dispuesta por el presunto delito de contrabando. En su resolución, el tribunal de alzada pidió a Aguinsky que solicite información al gobierno chavista para hacer un peritaje sobre las ventas y los costos de la mercadería, principalmente productos de limpieza.
La primera imputación contra el empresario había sido de la fiscal Luz María Rivas Diez es el contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2011 y 2015 en el marco de un contrato de suministros suscripto entre LABORATORIOS ESME SAIC -de Levy-y la empresa estatal venezolana SUVINCA para así exportar bienes a esta última con sobreprecios. En los despachos de exportación, de LABORATORIOS ESME SAIC, se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería, fletes y seguros, burlando, de esta forma, el control del servicio aduanero sobre aquellas exportaciones, de modo que recibieron un tratamiento aduanero y fiscal distinto al correspondiente”.
La segunda imputación de la fiscalía fue el contrabando de exportación de mercaderías, entre los años 2012 y 2015en el marco de un contrato de suministros suscripto entre BLEU TEL S.A. y la empresa estatal venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para exportar antenas de TV con sobreprecios. En la documentación secuestrada se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería para ocultar el verdadero proveedor de la mercadería suministrada y de este modo disimular el sobreprecio de la mercadería”.
Si bien el perjuicio de la maniobra fue fundamentalmente con el estado de Venezuela “el fraude habría impactado también en el Estado argentino”, ya que gran parte de los pagos de aquellos contratos se efectuaron través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina, constituido por PDVSA PETRÓLEO S.A. de Venezuela en Nación Fideicomisos S.A. con los pagos argentinos por la compra de gas oil”, dijo el juez. Tras los negocios con el chavismo, Levy pasó de declarar bienes por $ 1 millón en 2011 a la AFIP a acordar negocios con Caracas por US$ 500 millones y blanquear más de $ 1400 millones en el sinceramiento fiscal de 2015 que impulsó la AFIP.
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