El juez comercial de Santa Fe Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo del Grupo Vicentin, avaló el decreto de necesidad y urgencia con el que Alberto Fernández intervino la cerealera.
El magistrado rechazó el pedido de uno de los acreedores privados para impugnar ese DNU y declararlo inconstitucional. Juan José Passadore, uno de los proveedores de granos que luego exportaba Vicentin, había reclamado al magistrado “igualdad de trato a los acreedores”. Por un argumento procesal no se hizo lugar a su planteo que será apelado.
A comienzos de marzo, el juez Lorenzini aprobó el concurso preventivo del Grupo Vicentin que la empresa había pedido el 10 de febrero, después de anunciar en diciembre la cesación de pagos de sus compromisos por “estrés financiero”.
El juez del concurso aceptó 2638 acreedores por más de 99.345,26 millones de pesos. La situación es compleja: el Grupo Vicentin declaró tener 1287 empleados.
Esta semana varios acreedores privados se presentaron ante el juez con sede en Reconquista con un mismo pedido: que se declare inconstitucional la decisión del gobierno respecto a la intervención de Vicentin y del envío del proyecto de ley al Congreso, para su expropiación.
En este caso puntual, el juez Lorenzini rechazó el planteo de Passadore, que a su vez es socio de la firma Agrosol, reconocida entre los 2.638 acreedores de la compañía.
En la resolución, a la que accedió Clarín, el magistrado planteó que el empresario “no tiene legitimación” para peticionar que se declare la inconstitucionalidad del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.
“En relación a la posibilidad del acreedor del concurso de poner en conocimiento al Juez Concursal de las circunstancias fácticas y jurídicas que acontecen y peticionar medidas de protección del patrimonio y corrección de las violaciones flagrantes a la Constitución Nacional, la norma concursal instituye órganos de control e información destinados a, por un lado organizar el procedimiento estableciendo funciones claras y diferenciadas a cada uno de ellos, y por otro evitar la anarquía procesal (como lo detallaba anteriormente)”, sostuvo el juez.
Es así, que se planteó los órganos correspondientes para efectuar las peticiones o “poner en conocimiento”, “se encuentra reservado a la Sindicatura -cuyas funciones se encuentran detalladas a lo largo de toda la ley- y el Comité de Acreedores, quienes pueden “…requerir información al síndico y al concursado; exigir la exhibición de libros, registros legales y contables, proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado, y solicitar audiencias ante el juez interviniente …”.
Según pudo saber Clarín, el acreedor privado apelará la decisión del juez, entre otras cosas porque considera que su legitimidad está dada en el marco del concurso al ser reconocido como acreedor.
Entre otros argumentos, el juez Lorenzini consideró que Passadore -como otros acreedores que hicieron el mismo planteo- “no ha demostrado el perjuicio o la afectación que le trae la normativa atacada, donde sólo se limita ha efectuar suposiciones potenciales: “el proyecto de expropiación del PEN, que sería elevado al congreso..”, “de producirse la expropiación se transferiría…”, abundando en cuestiones genéricas”.
El empresario había reclamado al magistrado que lleva el concurso de Vicentín que se dé un trato igualitario a todos los acreedores. Quienes lo asesoran señalaron que “con la medida impulsada por el Gobierno se defienden principalmente los intereses del Banco Nación y de la AFIP”. Por tal motivo, se reclamó “el principio de igualdad” de la extensa lista de firmas a las que Vicentin le adeuda sumas millonarias.
En el escrito presentado en el juzgado comercial se había solicitado que se “pusiera orden en el proceso, preservando por sobre todo a la empresa, la propiedad privada, el debido proceso”, y que se declare la “inconstitucionalidad del accionar del Poder Ejecutivo, que pretendía imponer un interventor y el apartamiento de los directivos de la empresa”.
Para algunos de los acreedores privados, la intervención dispuesta por el Gobierno “viola en forma flagrante las normas que regulan el concurso y la Constitución Nacional que claramente lo facultan al juez para decidir sobre este tipo de medidas y le prohíbe al Poder Ejecutivo “ejercer funciones judiciales.
Al momento de requerir el concurso preventivo, el gigante cerealero sostuvo -según consta en el expediente- que el modelo de desarrollo empresario agroexportador “demandó grandes volúmenes de endeudamiento financiero, tanto en la plaza local como a nivel internacional, lo cual se refleja en las características del pasivo denunciado, superando este sector al resto de los acreedores informados”. En el caso se determinó que los acreedores financieros representan 63.961,56 millones de pesos, contra 25.656,96 millones que se adeuda por la compra de granos.
El Banco Nación es el principal acreedor del Grupo Vicentin, con un crédito de 18.500 millones de pesos que además se investiga en los Tribunales federales de Comodoro Py, donde se busca determinar si la ayuda crediticia durante el gobierno de Mauricio Macri respondió fue fraudulenta.
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