habrían utilizado a la fundación del mismo nombre en connivencia con funcionarios públicos, entre otros Julio de Vido y José López, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para construir viviendas sociales y desviar de su destino específico parte del dinero, con el consecuente perjuicio patrimonial para el Estado.
La Sala IV de la Cámara, integrada en forma remota y unipersonal por el doctor Mariano Hernán Borinsky, consideró procedentes los recursos de casación interpuestos por las partes acusadoras, por entender que la oposición del Ministerio Público Fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba a Serventich resultaba fundada y, por lo tanto, impedía la procedencia del instituto, conocido también como “probation”, y dispuso la remisión de las actuaciones para que continúa la sustanciación del proceso
Gustavo Serventich, quien ocupó el cargo de director suplente de la firma Meldorek S.A., se desempeñó como piloto personal de Sergio Shocklender, y tuvo un rol clave en la compra de dos aviones, según determinó la Justicia en la investigación.
La decisión de la Cámara para revocar la probation se basó en un juicio de oportunidad y conveniencia sobre la necesidad de realizar el juicio oral y público, que se ajusta a las directrices de política criminal que la Procuración General de la Nación estableció en su resolución 97/09.
Estas directivas se encuentran específicamente orientadas a los casos de corrupción y cuya aplicación al caso no pudo ser descartada, en atención al marco delictual que sostuvo la fiscalía y las características concretas de la imputación formulada en el caso.
El centro de la maniobra fue el descuento de los cheques oficiales en lugares ilegales de la City para obtener efectivo, parte del cual se habría dirigido a cuentas de los Schoklender y sus allegados, de empresarios agropecuarios o de empresas bursátiles o financieras. Durante la investigación la Justicia constató además que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
De este modo, con el objeto de dar apariencia lícita a los montos ilegítimamente percibidos, por intermedio de un complejo esquema de reciclaje, se habrían canalizado las sumas de dinero desviadas a terceras personas y empresas, que habrían percibido los valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación Madres de Plaza Mayo.
Según la fiscalía, Serventich habría intervenido en ese complejo dispositivo financiero montado para dar apariencia lícita a una parte del dinero obtenido ilegítimamente.
Puntualmente, el acusado habría actuado en operaciones bancarias, financieras, comerciales e inmobiliarias que habría llevado adelante por sí mismo, como así también a través de la empresa ‘Meldorek S.A.’, de la que resulta accionista.
