Un camarista del fuero laboral afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un “evidente embate” contra la “independencia de la justicia nacional del trabajo” que generó un
“ambiente hostil a su libre desempeño”.
González está a cargo de una investigación por supuestas presiones del macrismo a jueces, abierta a raíz de dichos periodísticos de la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa.
Entre las medidas de prueba que ordenó estuvo la convocatoria como testigo de Raffaghelli, quien hizo uso de su derecho a responder por escrito.
El juez aludió a un “evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño”, según el texto al que accedió Télam.
Entre otros episodios, aludió a una visita protocolar en marzo de 2016 del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la Cámara laboral, en el marco de la cual uno de sus funcionarios acompañantes “planteó la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”.
“Se produjo un profundo silencio, que fue superado por el presidente del Cuerpo pasando a otro tema”, refirió Raffaghelli, y agregó que “nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario; el silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición”.
“A este episodio le siguió un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas, que fueron rechazadas totalmente por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, declaró el magistrado en su escrito.
Raffaghelli aludió al “clima de hostilidad que sufrió la justicia del trabajo frente a una eventual resolución diferente o contraria a las políticas laborales del Gobierno”.
“El ex Presidente nos acusó, también públicamente, de integrar la mafia laboral y ser parte de la industria del juicio”, agregó.
Entre las causas por las cuales recibieron “presión del gobierno” el magistrado mencionó la “reincorporación de trabajadores despedidos de la Agencia Estatal Télam”, ordenada a través de medidas cautelares.
“En el último período del gobierno fue una en las que se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales”, sostuvo el juez.
También mencionó la causa judicial por el despido de trabajadores contratados del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la que se dictó una medida cautelar que ordenó reincorporaciones.
El camarista laboral aludió además a otra causa en la que hubo presiones, vinculada a la decisión de anular un convenio firmado el 13 de mayo de 2016 “entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Arcos Dorados Argentina SA (McDonalds) por considerar que ponía en riesgo los derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, indicando la sentencia, la necesidad de introducir cláusulas de garantías y protección del trabajo”
“El convenio propiciaba la contratación de hasta cinco mil jóvenes con remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil”, recordó el camarista en el escrito entregado a la justicia federal.
