empresas productoras y distribuidoras de gas que “se lo transfirió a los usuarios y al Estado”.
“Estoy denunciando que Aranguren y otros funcionarios violaron el marco regulatorio, afectaron el funcionamiento del servicio de gas por redes y también afectaron el patrimonio de los argentinos y del Estado nacional en US$ 560 millones”, señaló Bernal a Télam.
El interventor del Enargas denunció ayer penalmente al exministro del gobierno de Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en una violación a la ley del Gas, la 24.076, respecto a los contratos que fijaron el precio en 2018.
Esta mañana, el funcionario puso en conocimiento sobre la denuncia penal al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y precisó que “el perjuicio económico calculado por el Enargas, que figura en la presentación, ascendería a US$ 561 millones, de los cuales US$ 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco; mientras que US$ 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes”.
Bernal puntualizó a esta agencia que “ni bien asumió, Aranguren aplicó esa suerte de tablita de precios en dólares que se nos iban a las nubes” y remarcó que se trató de “valores irrisorios e injustificables”.
El denunciante explicó que “una vez que terminó la Ley de Emergencia, en 2017, y se suponía que las empresas tenían que negociar y el Estado regular ese precio, Aranguren dijo ‘ahora fijamos por dos años los precios en dólares’ en una economía que se venía abajo, y que además funciona en pesos”.
“Eso produjo el descalabro de las cuotas, del endeudamiento espurio que se provocó y que además se lo pasaron a los usuarios y al Estado nacional”, subrayó Bernal, quien sostuvo que “son delitos sofisticados de gente que detesta el país en que viven”.
El interventor aseguró que “esto fue inédito en la comercialización del gas” y remarcó que Aranguren y el resto de los funcionarios denunciados “se habrían asegurado que el valor dólar se pase a la tarifa y evitarían cualquier fluctuación de una economía argentina sumida en la inflación y la variación del mercado de cambios”.
A su criterio, “en ese pacto se habrían asegurado por dos años las ganancias de las empresas productoras de gas contra la ley”.
Bernal agregó que “habrían pactado por debajo de la mesa un precio uniforme del gas en boca de pozo en dólares y manipularon la regulación para trasladarlo a la tarifa que debían soportar todos los usuario del país” y puntualizó que “los acuerdos se realizaron entre productoras y distribuidoras, todo a espaldas de la ley”.
La denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, incluye también a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas; y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
