El juicio por la nacionalización de YPF podría extenderse por al menos un año más si la jueza de Nueva York Loretta Preska acepta el pedido del demandante fondo
Burford Capital de aplicar un “discovery ampliado” para la estimación económica de su reclamo, tal como planteó en la audiencia de hoy, informaron fuentes vinculados al caso.
El pedido se dio a conocer en la audiencia en que la jueza del distrito sur de Nueva York convocó a principios de mes, tras dictaminar que la demanda millonaria por la nacionalización, en 2012, del 51% del paquete accionario de la petrolera YPF continuará radicada en los tribunales de los Estados Unidos.
Las fuentes oficiales consultadas confirmaron el pedido que el fondo demandante realizó a Preska de aplicar un recurso conocido como “discovery ampliado” que incluye una serie de medidas probatorias que demorarían las audiencias finales hasta promediando 2021.
En la audiencia de hoy, las partes debían presentar sus posiciones ante el juicio y plantear cómo deseaban proceder con los próximos pasos del caso, y una vez recogidas esas posiciones, la jueza dará a conocer su decisión sobre la continuidad del proceso.
El analista financiero Sebastían Maril, de Research for Traders, había anticipado la postura de Burford al señalar que el fondo inversor “informó a la jueza que pedirá un discovery amplio por la expropiación de la petrolera, lo que de tener un inicio inmediato podría tener su finalización recién en junio de 2021”.
Por su parte, la Argentina e YPF en la misma audiencia informaron que solicitarán “un discovery ajustado a tan sólo ciertos aspectos legales”, reseñó Maril, y cuyos plazos de resolución para una eventual sentencia serían inclusos menores que el camino propuesto por la demanda.
El analista agregó que “Burford no pedirá sentencia sumaria en el caso YPF hasta marzo de 2021, y el discovery lo ayudará a poner en números la estimación de los daños económicos” por la expropiación de la petrolera en 2012.
La demanda se inició en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las compañías del argentino Grupo Petersen, titular de un 25% de las acciones de YPF al momento de ser expropiadas, y desde entonces transitó todas las instancias judiciales en Estados Unidos.
Los demandantes, a los que con posterioridad se sumó el fondo Eton Park, acusan a la Argentina de expropiar -en 2012 por aprobación del Congreso de la Nación- el 51% de las acciones de la petrolera en supuesta violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una propuesta pública.
