Una situación insólita se dio en Tucumán. En medio de una reunión en la Casa de Gobierno para tratar la crisis carcelaria, el representante del Servicio Penitenciario pidió que
se instale un cajero automático dentro del penal para que los presos puedan acceder al IFE, beneficio que otorgó el Gobierno nacional para paliar la crisis del coronavirus.
El llamativo planteo fue inmediatamente rechazado, pero dejó al descubierto que al menos 14 condenados accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia, pero no descartan que sean todavía más los beneficiarios.
“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched, quien resaltó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.
La jueza respondió así a la enorme cantidad de pedidos que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recibió en los últimos días para que se le permitiera a los internos salir del penal para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).
Consultado por la posibilidad de que los reos estén cobrando un beneficio que no les corresponde, el gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, dijo que los reclusos no están contemplados en el pago del IFE. Y aclaró: “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia“.
Fue Salim quien impidió la instalación del cajero automático. Ademas, dijo que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago”. Y le pasó la pelota a la Justicia, que “tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”.
Además del insólito pedido, trascendió el nombre de tres de los presos que solicitaron el beneficio. Entre ellos está Andrés Alejandro González, sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.
Los otros dos reclusos son Raúl “El Turco” Fadel (en 2014 había sido condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo) y Tomás Alejandro Ceballos (cumple prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla).
La novedad surgió poco después de que se conociera cómo un grupo de guardias traficaba drogas, celulares y bebidas alcohólicas dentro de la cárcel de Villa Urquiza.
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