El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena continuaba esta tarde con la segunda tanda de declaraciones indagatorias dispuesta en la causa en la que se
investiga una supuesta asociación ilícita que se dedicó al espionaje político ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
La jornada arrancó con las declaraciones de los agentes que estaban citados para hoy, mientras que pasadas las 15 fueron trasladadas al juzgado federal 1 de Lomas de Zamora la exespía Mercedes Funes Silva (que ya obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria) y la excoordinadora de Documentación Presidencial de Macri, Susana Martinengo, acusada de recibir los informes de los espías.
Según fuentes judiciales, al igual que ocurrió ayer, algunos de los espías accedieron a responder preguntas del juez y de la fiscal Cecilia Incardona y aportar datos sobre los trabajos que se les encargaron.
En ese marco, señalaron que las órdenes venían a través del agente Alan Ruiz, desde la cúpula de la AFI (a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani) y aportaron nombres de otros agentes que aún no fueron alcanzados por la investigación, según pudo reconstruir Télam.
La de Martinengo es la declaración más esperada por los investigadores dado que está sindicada como el supuesto nexo entre los espías y el expresidente de la Nación: en el expediente hay registros de reuniones de ella con los exagentes en la Casa Rosada y conversaciones en las que promete pasarle informes a Darío Nieto, el secretario privado de Macri.
La exfuncionaria podría negarse a declarar, aunque fuentes judiciales señalaron que se limitaría a negar los hechos que se le endilgan y a desconocer el vínculo con los espías mientras espera que el juez resuelva si le concede la prisión domiciliaria.
Ayer obtuvo el visto bueno de la fiscalía para obtener la prisión domiciliaria debido a su edad (64) y su situación de riesgo frente al coronavirus.
Entre quienes declaran hoy también están el exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y los exespías Jorge Horacio “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva.
Fuentes judiciales señalaron además que de las 22 órdenes de detención se concretaron 21 y que él único que aún no fue apresado es Martín Terra, un empresario gastronómico que ingresó a la AFI por su amistad con Arribas, según cuentan en ese organismo.
Terra es además el exmarido y padre de la hijas de la modelo Analía Maiorana, actual esposa del vicejefe de Gobierno y querellante en la causa por espionaje ilegal, Diego Santilli.
Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo y de ser parte de una “organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local” dedicada al “uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales”.
Los cargos se desprenden de la imputación leída ayer a los acusados indagados, a quienes se les atribuyó ser parte de “una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia”, informaron a Télam fuentes judiciales.
“Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales”, agregó la acusación del juez.
También al “acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas”.
Además se habría colocado a las víctimas “en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras”.
“Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo”, agregó la imputación judicial.
La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre “acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción”.
