En la Iglesia empezaron a percibirse en los últimos días roces con el kirchnerismo duro. Lo evidenciaron una serie de comunicados de diversos sectores eclesiásticos sobre cuestiones tan diversas como el
cuidado sanitario de los habitantes de los barrios populares, el caso Vicentín y la educación.
Pronunciamiento que, en una mirada más general, se sumaron a la preocupación manifestada por la Conferencia Episcopal a través de su presidente, el obispo Oscar Ojea, por el aumento de la tensión política y la ausencia de un diálogo multisectorial para enfrentar la post pandemia.
La situación en los asentamientos del populoso partido de La Matanza disparó uno de los pronunciamientos. El obispo de San Justo, Eduardo García, y sus curas villeros salieron a denunciar sin eufemismos una serie de falencias, entre ellas el tardío inicio de los testeos e incluso su insuficiencia, la ausencia de respuesta a los llamados telefónicos para pedir asistencia sanitaria y la falta de traslado a los centros de salud –que terminaron siendo asumidos por las parroquias-, y la omisión del aislamiento de los pacientes con COVID-19.
El intendente Fernando Espinoza acusó la estocada. Al día siguiente del comunicado recibió a monseñor García, un hombre muy cercano al Papa Francisco como que Jorge Bergoglio lo eligió para que sea uno de sus obispos auxiliares cuando estaba en buenos Aires. Tras analizar las demandas, se comprometió ante su interlocutor a atenderlas. “Agradecemos y valoramos que, ante esta presentación, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar”, dijo el clero en un nuevo comunicado con lo que se dio por concluido el incidente.
En la Iglesia se aclaró que “no se busca la pelea, menos en medio de una crisis tremenda, sino soluciones para los más vulnerables”. Pero detrás de los buenos modales y los acuerdos se esconde un malestar del clero que vienen de larga data por la falta de respuestas del municipio -de un partido que es el gran bastión del kirchnerismo con su aporte clave de votos que le permitieron volver al poder- a cuestiones estructurales como la falta de cloacas y agua potable y el clientelismo, que siguen afectando a muchos matanceros.
A ello se sumó una declaración del equipo de Pastoral Social de la arquidiócesis de Rosario sobre el controvertido intento del Gobierno de expropiar la empresa agropecuaria Vicentín. Si bien se reconoce en el texto que “la realidad es muy compleja y reúne muchas facetas”, recuerda que “el derecho de propiedad (artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional) no puede ser desconocido”: Aunque aclara que “tampoco puede concebirse sin la función social que lo grava cual hipoteca, según nos enseñara San Juan Pablo II”.
Es cierto que también manifiesta su “preocupación por la concentración y extranjerización de las empresas cerealeras” y sostiene que “el bien común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro”. Pero alienta que “la cultura del encuentro penetre nuestras conciencias y se logre una solución del caso Vicentin que preserve el trabajo de empleados y productores y los legítimos intereses de la comunidad dentro del estado de derecho”.
Finalmente, El Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) –que agrupan a los colegios católicos- dijeron que “los alarman signos de intolerancia, de persecución y de censura de tipo ideológico, que paradójicamente ocurren en nombre de una ‘tolerancia’, que no es respetuosa de otras cosmovisiones y opciones religiosas legítimas”, en una implícita alusión a contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI).
También consideran “inaceptables y demasiado peligrosas algunas denuncias contra escuelas confesionales por el hecho de proponer y defender ciertos valores constitutivos de su propio ideario”. En este caso, la referencia es a un proyecto que presentó la diputada nacional kirchnerista Mara Brawer en la que se insta a la Capital y las provincias a intervenir en los colegios de la congregación católica FASTA por considerar que no imparte como corresponde la educación sexual.
Por lo pronto, el INADI se hizo eco y pidió a la Justicia que investigue a estos establecimientos.
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