El 4 de noviembre de 2019, el juez Claudio Bonadio procesó por lavado de dinero a Fabián Gutiérrez, en una investigación iniciada en 2017 tras una denuncia de la Unidad de
Información Financiera (UIF). Según el organismo antilavado, desde 2007 a 2015, su patrimonio creció más de 15 veces.
Su embargo fue de 900 millones de pesos y ahora la oposición reclama que el patrimonio del ex secretario privado de Cristina Kirchner sea recuperado y se aplique el decomiso anticipado contemplado en el Artículo 305 del Código Penal.
Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y María Lucila Lehman, presentaron un pedido ante el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, reclamando que los bienes de Fabián Gutiérrez sean decomisados de forma anticipada en función de lo que establece el Código Penal en su artículo 305: “En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado *por motivo de fallecimiento*, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes”.
“Con la muerte, la investigación por su responsabilidad penal queda abstracta pero si hay bienes mal habidos se deben preservar, decomisar y devolver a la comunidad. No se trata únicamente de que la gente vaya presa, sino de recuperar lo robado. Para nosotros ese es el norte y estaremos muy atentos. Fue lo primero que nos pidió Lilita“, aseguró Frade a Clarín.
“Llamá la atención que un secretario privado que no proviene de una familia pudiente haya comprado 32 propiedades. Dado que en el juicio no va a declarar, pedimos que hasta que avance la investigación de los cuadernos se preserven los bienes para que la familia en el trámite de sucesión no los licue“, detalló Marcela Campagnoli a Clarín.
“Lo que estamos pidiendo es lo que tiene que estar haciendo la UIF. Pero como no somos parte de la causa y no tenemos certezas, es un recordatorio para que hagan lo que tienen que hacer, para marcar el camino. Por obvios motivos nos parece que no está de más”, concluyó Frade.
Meses atrás, la Coalición Cívica había presentado un proyecto para que se utilicen los más de $ 600 mil millones que la UIF retuvo de causas de corrupción en el combate de la pandemia.
Gutiérrez asesinado la semana pasada, quien fue aceptado como arrepentido colaborador en octubre de 2018, en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, se radicó en los últimos años en El Calafate, donde crecieron sus emprendimientos y adquirió varias propiedades que quedaron bajo investigación judicial.
Sus movimientos económicos levantaron sospechas en la UIF, que lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para la Justicia, las presuntas operaciones de lavado se encuentran vinculadas a la maniobra que fue “desplegada con la participación de funcionarios públicos del gobierno de turno, que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra, servicios públicos, transporte y concesiones viales, como así también empresarios que abonaron sumas de dinero a lo largo de aquél período”.
Cuando quedó procesado, el juez Bonadio sostuvo que el “vínculo con la asociación ilícita que presidió Cristina Kirchner, permitió que Víctor Fabián Gutiérrez reciba dinero de dicha banda y luego lo puso en circulación en el mercado, intentando darle una apariencia lícita”. Se le trabó en consecuencia un embargo de $ 900 millones y ahora la oposición reclama que su patrimonio sea decomisado.
Las operaciones investigadas se concretaron entre 2008 y 2018, “destinándose parte de los fondos ilícitos provenientes de la corrupción pública, a la adquisición de propiedades y bienes muebles en este país, más precisamente en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego”. Fueron más de 40 operaciones las investigadas.
Números bajo sospecha
El organismo antilavado se concentró en el crecimiento de los bienes de Gutiérrez. En ese punto, se planteó que las declaraciones de 2012, 2013 y 2014 fueron rectificadas (modificadas), algunas más de una vez.
Los números fueron superlativos: el patrimonio en 2015 “representa más de 15 veces su patrimonio del año 2007 (que surge de la relación entre 4.155.358,64 y 272.102,94 pesos)”, expresa la denuncia.
La Justicia cree que hubo ingresos de “gran magnitud por venta de inmuebles y por venta de vehículos”, y que, en varios años, “superan ampliamente los ingresos por su actividad”.
Los bienes declarados en el país tienen un valor de 8.549.514 pesos. Esto incluye propiedades por 2,4 millones de pesos. Desde 2007 hasta julio de 2016 incorporó 16 propiedades.
Por ejemplo, le vendió a su madre un terreno por 200.000 pesos, “con una ganancia del casi 1.900% en pesos”. A su vez, Gutiérrez declaró en ese período una donación de su madre por 750.000 pesos que resultó “sospechosa” para la UIF.
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