
La Cámara de diputados empezó a debatir en Diputados una Ley de Emergencia para el sector. La iniciativa oficial, impulsada por el ministro de esa área, Matías Lammens, prevé la creación
de un programa financiado por el Estado por el cual el Gobierno te devuelve el 50% de cada gasto en turismo para utilizar únicamente para el consumo de otra actividad turística en el país. El Ejecutivo prevé de esta manera inyectar alrededor de $ 15 mil millones.
De aprobarse, el sistema sería así: si una persona compra un paquete de $ 100 mil para viajar, por ejemplo, a las Cataratas del Iguazú, le va a llegar una tarjeta –tipo voucher- del Banco Nación cargada con $ 50 mil que podrán ser utilizados únicamente en otros gastos de hoteles, gastronomía, pasajes, o agencia de viaje dentro del país, durante todo 2021.
“Este es un plan para el día después, para la reactivación. Ya hay beneficios fiscales en marcha, que continuarán, se está avanzando con la ampliación de moratoria que incluirá al sector y continúan las ATP. Por eso, este programa apunta a fomentar la actividad en sí”, destacaron desde el entorno de Lammens.
A su vez, para ayudar a los emprendimientos de turismo que reciben cantidades de reclamos por los servicios suspendidos, la propuesta oficial propone tres opciones:
1- La reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas.
2- La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 18 meses posteriores, con posibilidad de transferir a terceros.
3- El reintegro de los servicios en 3 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del pedido de reembolso.
La bancada de Juntos por el Cambio presentó un propio proyecto, encabezado por el presidente de la comisión de Turismo, Alfredo Cornejo. Según ese texto, las empresas turísticas quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios; del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a Ganancias como al IVA, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Además, establece que durante la vigencia de la emergencia turística no se podrán promover procesos de ejecución fiscal.
Por otra parte fija la reprogramación de los servicios turísticos o productos contratados, de modo que puedan ser utilizados en un período no mayor a 18 meses del previsto y en caso de reembolso fija un plazo de seis meses para la empresa desde que recibió el requerimiento.
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