Un juez porteño rechazó el pedido de Marijuan de llevar la causa de espionaje de Lomas de Zamora a Comodoro Py

contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila y rechazó un pedido del fiscal Guilermo Marijuan que solicitaba llevar a Comodoro Py toda el expediente que tramita en los juzgados de Lomas de Zamora.

El magistrado solicitó que, “con la urgencia que el caso amerita, se proceda a enviar en formato digital todas las constancias y/o pruebas que se encuentren” relacionadas con el objeto procesal de la presente, relativo a la intimidación que sufriera Juan José Vila en el domicilio sito en Av. Callao 1219 donde le enviaron en el 2018 un paquete de trotyl.

En la puerta del edificio que fuera una antigua residencia familiar de Vila se encontró, en julio de 2018, “una caja conteniendo un teléfono celular, cables y trotyl confeccionado a modo de artefacto explosivo, junto con una nota”, según recordó el juez Ramos en el fallo.

Si bien el fiscal Guillermo Marijuan le había solicitado al juez que reclamara que los magistrados de Lomas de Zamora se inhibieran de seguir interviniendo en la causa por espionaje ilegal, Ramos entendió que “las hipótesis delictivas que conforman los objetos de análisis de ambas causas constituyen dos hechos escindibles“, por lo que no hizo lugar a ese pedido. Para Marijuan era competencia de los jueces de la capital porque los hechos que se investigan ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires y su causa era del 2018. 

La causa que tramita en Lomas de Zamora, ahora en manos del juez Juan Pablo Auge, se inició tras la declaración del narcotraficante Sergio Cristina “Verdura? Rodríguez” que era buscado en una causa por narcotráfico- quien se entregó a la justicia, se autoincriminó y declaró haber participado a pedido de un abogado de la AFI, Facundo Melo, en la colocación de un explosivo en la casa de Vila.

Esa declaración disparó una serie de medidas en la causa cuando todavía estaba en manos del juez Federico Villena, que permitieron la detección de indicios que daban cuenta de la existencia de una supuesta organización delictiva que habría operado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para espiar de manera ilegal a dirigentes políticos, sociales, gremiales y religiosos y a periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. El viernes pasado la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y le dio el caso  a su colega de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.