En Mendoza imputarán a los manifestantes del banderazo del 9 de julio por incumplir la cuarentena

el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en plena peatonal.

En Mendoza, un decreto provincial prohíbe las reuniones de personas durante la pandemia y solo puede haber encuentros familiares, los domingos, de 11 a 19 horas. Toda otra reunión de personas fuera de ese vínculo y horario es penado por el decreto 700, y la modificación que aparece en su anexo del 8 de junio pasado.

La Procuración mendocina alertó que son más de 6 mil los imputados desde marzo, y hay 200 condenados por incumplir la ley de la pandemia. Los infractores pueden ir presos o ser obligados a realizar tareas comunitarias. “No es una persecución ideológica, porque lo mismo hemos hecho con los manifestantes de ATE y los simpatizantes de Godoy Cruz que despidieron al hincha más famoso, el Loco Julio”, dijo a Clarín, el jefe de los fiscales de Mendoza, Alejandro Gullé.

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La causa para imputar a quienes protestaron en avenida San Martín y Peatonal, la tarde del jueves pasado, es investigada por la fiscal Gabriela García Cobos. “Hemos pedido las filmaciones de las cámaras de la calle y estamos recolectando los videos subidos a las redes sociales, para identificar a las personas que participaron de la marcha”, explicó Gullé. Y admitió que no es una tarea sencilla reconocer a quiénes protestaban porque llevaban buena parte del rostro cubierto por barbijos, gorros y capuchas.

Fueron unas 400 personas en la peatonal y otros cientos de autos que circularon por el microcentro, con sus banderas y consignas a favor de la libertad, la justicia y en contra de la corrupción. El reclamo en Mendoza también incluyó la discriminación en el reparto de los fondos nacionales y la amenaza presidencial del freno a la construcción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

Cuando los manifestantes comenzaron a reunirse por el “banderazo”, distintos legisladores del kirchnerismo mendocino hicieron pública la evidente contravención que estaban realizando los que protestaban.

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“El gobernador tendría que cambiar el sistema, en vez de salidas por DNI que sea por partido político. Cuando el reclamo es de correligionarios del gobernador no se aplica la ley y cuando el reclamo es de personas que cobran un salario de 10.000 pesos y están reclamando por dignidad, ahí sí se aplica toda la ley”, planteó el senador y presidente de La Cámpora en la provincia, Lucas Ilardo. Su malestar responde a que la semana pasada, por incumplir las normas de la pandemia, la Policía local desalojó una protesta callejera de un grupo de trabajadores estatales afiliados al sindicato ATE que estaban reclamando mejoras salariales. La Justicia detuvo a 40 personas y fueron imputados por romper la cuarentena.

“No habrá distinciones. Cuando se incumpla la ley de aislamiento, los vamos a imputar con el mismo criterio”, insistió el Procurador. Y explicó que a la Provincia le está costando “mucho contener la situación sanitaria”, y que una manifestación como la que ocurrió el 9 de julio puede dar lugar a un brote de Covid-19.

En cuanto a las sanciones, explicó Gullé que la persona condenada por violar el aislamiento preventivo obligatorio puede recibir de seis meses a dos años en prisión, en el caso de los que tienen antecedentes penales y condenas previas. El resto, podrá solicitar la suspensión del juicio a cambio de trabajos comunitarios en favor del Estado, en comisarías, hospitales, centro de salud, escuelas y oficinas fiscales.

Mendoza está segunda, después de San Juan, en la sanción a ciudadanos que incumplen el aislamiento. Los trabajos comunitarios que ha impuesto la Justicia van entre 50 y 100 horas. El cumplimiento de la sanción será recién cuando termine la pandemia.

NE