El prefecto desde cuyo usuario se accedió a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones para revisar las entradas y salidas al país del titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, declaró hoy ante la justicia federal que no realizó tareas de espionaje ilegal y que su clave fue utilizada por otras personas.
Se trata del agente de la Prefectura Naval Argentina Leandro Pini, quien este mediodía fue indagado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa en la que se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.
Durante las más de dos horas que duró la indagatoria, el juez le exhibió al prefecto que integraba el área de inteligencia criminal las decenas de registros migratorios que fueron consultados desde su usuario (flpini) y el imputado en todos los casos respondió que no había sido él quien había hecho las consultas, según pudo reconstruir Telam.
De acuerdo a la investigación judicial, desde el usuario “flpini” fueron revisados entre el 2016 y 2018 los registros migratorios de Rosenktanz y su exsocio Gabriel Bouzat, y también los de la entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora bonaerense, Veronica Magario, entre otros dirigentes políticos y empresarios.
El subprefecto Pini sostuvo que le parecía “grave” que desde prefectura se hubieran revisado los registros migratorios detectados en la investigación, sostuvo que no puede explicar cómo ocurrió y aseguró que su usuario era utilizado por unas 100 personas, según indicaron fuentes judiciales.
La base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones permite acceder al registro de entradas y salidas del país de cualquier ciudadano pero además contiene la última foto y el último domicilio registrado de quienes se desplazan a través de las fronteras; información sensible y que podría ser utilizada para espionaje ilegal, según los investigadores.
Entre los registros migratorios consultados desde el usuario a nombre de Pini se encuentra el de Pablo Toviggiano, secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quien ya fue aceptado como querellante en el expediente en el que se abrió un capítulo sobre espionaje vinculado con ese deporte.
En la causa se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión con fines políticos, mediáticos y judiciales y tuvo su origen en una denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien fue presuntamente extorsionado por D´Alessio, que le reclamaba dinero para evitarle que el fiscal Carlos Stornelli lo involucrara en la causa de los cuadernos.
Entre los procesados de este expediente se encuentran D´Alessio, los expolicías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y los fiscales Juan Ignacio Bidone, sindicado como proveedor de información de la banda, y Stornelli, acusado de valerse de información obtenida de forma manifiestamente ilegal.
En una resolución emitida días atrás, el juez Ramos Padilla consideró que la asociación delictiva que integraba el falso abogado D´Alessio no tenía “vínculos con el Estado” sino que era directamente una “organización criminal para-estatal”.
En ese sentido, sostuvo que la organización criminal tenía “vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y participación de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, como con integrantes de los medios de prensa”.
