Los mandatarios de los 27 países de la Unión Europea comenzaron ayer a negociar en Bruselas si aceptan o no la propuesta de la Comisión y el Consejo Europeo de crear un inédito fondo de 750 mil millones de euros para superar los estragos del coronavirus.
“Tengo que decir que las diferencias son todavía muy, muy grandes. Espero negociaciones muy difíciles”, dijo a su llegada la canciller alemana, Angela, Merkel, cuyo país ejerce la presidencia pro témpore de la UE.
El punto central de discusión es el monto del fondo de emergencia y cómo será distribuido, entre créditos y subvenciones.
En su formato original, el fondo prevé 500 mil millones de euros en ayudas y 250 mil millones en forma de préstamos. Un grupo de países adeptos al rigor fiscal, apodados los “frugales”, es partidarios de más créditos y menos ayudas.
Integran el grupo de los “frugales” Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia. “Queremos un redimensionamiento, sobre todo en lo que respecta a las subvenciones y vamos por buen camino en la discusión”, aseguró el canciller austríaco, Sebastian Kurz.
Otra cuestión que genera mucho debate es qué condiciones pedir a cada país a cambio de la ayuda y el control de la aplicación de ese dinero.
El primer ministro holandés, Mark Rutte, uno de los líderes del grupo que defiende a ultranza el rigor fiscal, expresó su apoyo a la “solidaridad” entre los miembros de la UE, pero defendió que se le pida a los países receptores que hagan “todo lo posible” para estar mejor preparados ante una nueva crisis, a través de “reformas en el mercado laboral o en las pensiones”.
Las palabras de Rutte reflejan la crítica de los “frugales”: los endeudados países del sur no hicieron las reformas necesarias para enfrentar una crisis, pese a que Bruselas se esforzó en subrayar que no se puede responsabilizar a ningún miembro del impacto de la pandemia.
El plan prevé que los países que quieran la ayuda deben presentar un programa de recuperación que tenga en cuenta las recomendaciones anuales de la Comisión y la transición ecológica y digital. Los 27 deberían aprobar por mayoría el desembolso.
En el campo de las condiciones, Hungría y Polonia, en el punto de mira por polémicas leyes sobre la justicia o las ONGs, reclaman abandonar la idea de vincular el desembolso de los fondos a la situación del Estado de derecho.
