Las empresas distribuidoras de electricidadpidieron “garantizar el cumplimiento de los Contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria”. El comunicado llega después de que intendentes del
conurbano bonaerense impulsaron la quita de concesión a Edesur.
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) expresó su preocupación por las dificultades que atraviesan las empresas en plena pandemia del coronavirus.
Este contexto, afirma la entidad, “dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión del mismo, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales”.
Por eso, sigue el comunicado, “ahora más que nunca las distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria”.
El objetivo es “poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo”.
El mensaje se produce en medio del reclamo de algunos intendentes de la Provincia de Buenos Aires para que el Gobierno le retire la concesión a Edesur.
La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el de Florencio Varela, Andrés Watson; y el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresaron su pedido en los últimos días, al denunciar un supuesto incumplimiento en las inversiones por parte de Edesur.
Se suman a la Defensoría del Pueblo bonaerense, que exigió “drásticas medidas” contra la firma.
Ahora, ADEERA –reúne a 49 firmas, entre ellas Edesur y Edenor– expuso la “difícil coyuntura económica” que atraviesa el sector.
La entidad aclaró que “la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector”.
Una de las dificultades es una “importante caída en la recaudación de los últimos meses”.
Mayra Mendoza, una de las intendentas que pidió que le saquen la concesión a Edesur.
Además, las distribuidoras remarcan que debieron “asistir” a muchos usuarios, con planes de financiación, postergación de cortes por falta de pago y reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios. Además, destacan, las restricciones de la cuarentena obligaron a implementar “en tiempo récord” el sistema de atención virtual.
En el documento, la entidad explica que el único ingreso de las distribuidoras es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el 30 por ciento del importe que reciben los usuarios y, en varios casos, “no se actualiza desde hace dos años”.
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