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El juez federal Daniel Rafecas contó en una entrevista virtual detalles de la identificación del excentro clandestino de detención que funcionó en la calle Bacacay 3.570 de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, y destacó el rol que tuvo la comunidad de derechos humanos “al mantenerse firme” en el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia.
“En el juzgado siempre estaba presente la búsqueda del centro clandestino de la calle Bacacay y exploramos todas las informaciones y estuvimos mucho tiempo trazando un radio de dos cuadras alrededor de Automotores Orletti (el centro de detención que operó la exSIDE en el marco del Plan Cóndor), pero nunca pensamos en no salirnos de la misma manzana”, señaló Rafecas en la entrevista difundida por las redes sociales del Espacio Memoria.
El juez explicó que lo que hizo avanzar la investigación, “en agosto de 2019, fueron las primeras informaciones de archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que traían información sobre la dirección exacta donde funcionaba ese centro clandestino”.
La propietaria declaró en el juzgado que cuando llegó a la vivienda le llamó mucho la atención que los cuartos estaba compartimentados. Hoy sabemos que son celdas porque es lo mismo que vimos en (los excentros clandestinos) Orletti, Vesubio y Olimpo”
Daniel Rafecas
“La propietaria declaró en el juzgado que cuando llegó a la vivienda le llamó mucho la atención que los cuartos estaba compartimentados. Hoy sabemos que son celdas porque es lo mismo que vimos en (los excentros clandestinos) Orletti, Vesubio y Olimpo”, contó Rafecas.
En tanto, el magistrado destacó que “toda la comunidad de Derechos Humanos se mantuvo firme en reclamar justicia y no conceder absolutamente nada en términos de negociación con los perpetradores a cambio de información”.
“Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron la intuición correcta de que negociar con los perpetradores era ir a una trampa que iba a terminar con la impunidad, y ahí tenemos el ejemplo de Sudáfrica, que no es el único”, añadió Rafecas.
Por último, el juez resaltó que “lo que caracteriza el caso argentino es que la búsqueda de justicia no se vio matizada por negociaciones a cambio de verdad”.
El pasado 2 de julio, el juez identificó el inmueble en el barrio porteño de Floresta y dispuso la “prohibición de innovar” para que no sufriera alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar.
La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino “Automotores Orletti”.
Según la pesquisa, en el lugar habría funcionado un centro clandestino dependiente de la exSIDE en la dictadura, al mando del fallecido represor Otto Paladino.
