En una causa de fuerte impacto, en la que se cruzan el accionar extorsivo de Los Monos para obtener dinero, el resonante crimen de un apostador en el casino
de Rosario y hasta la posible colaboración de un integrante de la fiscalía con la banda, avanzó el viernes a la noche con la imputación a cinco personas. Uno de ellos es un ex jefe policial retirado. Hay además otros seis miembros del grupo que se encuentran prófugos.
La fiscalía acusó a los cinco imputados de conformar una asociación ilícita. Entre los roles se detalla que algunos se dedicaban a intimidar a las víctimas y de hacerles saber las consecuencias que les traería no aceptar las exigencias, otros eran parte del brazo armado, una tercera línea administraba el dinero y el cuarto grupo se dedicaba a participar en el negocio de salas de juego y de apuestas clandestinas. La pata policial le prestaba colaboración ante cualquier problema que pudiera surgir en la operatoria.
Maximiliano “Cachete” Díaz, de contacto directo con Ariel “Guille” Cantero, era el organizador de la banda. Se encargaba de llamar o de hablar personalmente con las víctimas para amedrentarlas. La tarea de Flavia Broin, su novia, era buscar el dinero que se recaudaba.
Al dominicano Otniel Almonte De León, quien ya estaba detenido por ser coautor del homicidio de un policía, no sólo le imputaron integrar el grupo, sino además el homicidio de Enrique Ensino, el gerente bancario que el 11 de enero fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando estaba en el sector fumadores del casino City Center. Un episodio resonante.
Fue una de las acciones del grupo, comandadas desde la cárcel por Cantero, para amedrentar al emprendimiento y exigirles un pago mensual. Por ese hecho a De León se le atribuye el delito de “homicidio agravado por uso de arma de fuego” en carácter de partícipe primario.
El comisario retirado Alejandro Torrisi les daba protección policial a los miembros de la banda y administraba además alguno de los negocios de juego clandestino que regentaba la banda. José Perlo, quien también trabaja para extorsionar, es el quinto imputado.
La causa expone una vez más la diversificación que alcanzó la modalidad delictiva de Los Monos, relacionados desde sus comienzos con el narcotráfico. A partir del liderazgo sostenido desde la prisión por “Guille” Cantero se disponían intimidaciones contra particulares, comercios y organizaciones sindicales. También contra casinos clandestinos y prestamistas.
El grupo reclamaban dinero a cambio de no atentar contra personas, sus familias y propiedades. Pactaba para ello distintos precios, de acuerdo al emprendimiento o el poderío económico de la persona a la que presionaban. A una le exigen, de acuerdo a lo revelado en la causa, 100 mil dólares.
El titular de una financiera fue obligado a ceder 5 mil dólares por mes y le advirtieron que si no lo hacía atentarían contra su familia. Ese hombre decidió abandonar el país.
“Es la típica venta de protección que hace la mafia. Es protegerte de ellos mismos. No ofrecen nada a cambio y si uno no cumple primero te tirotean la casa o te llevaban fotos de tus familiares o de tu casa para demostrar que saben por dónde te movés”, explicó el fiscal Luis Schiappa Pietra.
En los seis casos presentados en las audiencias se manifiesta que el nombre de Cantero “es invocado y se usa para intimidar”, incluso por miembros de la banda que no tienen contacto directo con él, según explicó el fiscal Matías Edery.
Uno de los datos más fuertes que se conoció en la primera de las dos jornadas de las audiencias imputativas fue una revelación de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, quienes exhibieron un inquietante mensaje enviado por Leonardo Peiti -uno de los prófugos que tiene la causa- a “Cachete” Díaz, quien ya estaba detenido desde enero por ser uno de los organizadores del ataque al casino.
Como parte del intercambio Díaz recibe un mensaje con una captura de pantalla. En esa imagen se puede ver un tramo de la conversación que Peiti mantuvo con un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien no sólo ofrece información reservada, sino que además deja abierta la posibilidad de colaborar para favorecer a un delincuente detenido que es parte de la organización.
Es Peiti quien le pide a la persona de fiscalía esa gestión por una solicitud previa de Díaz. Pretendían buscar la forma de liberarlo luego de que fuera apresado en un operativo de Gendarmería, el 9 de enero pasado. Era una de las personas elegidas para atentar contra el casino City Center, donde fue asesinado Ensino.
“Hernán Horacio Quinteros. En ésta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9 milímetros cargada. Le metieron portación de guerra. Fue ayer. Por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí. En un mes le podrían dar la libertad. No tiene antecedentes, así que seguramente”, dice el mensaje que salió desde fiscalía con información detallada.
“Nos parece de una gravedad institucional enorme”, planteó sobre ese episodio el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. No está determinado aún si el infidente es un fiscal o algún empleado. El sistema al que accedió esa persona para buscar la información no dejaba rastros -ahora cambió y sí lo hace- de quién ingresó para buscar datos.
No es el único detalle que impide por el momento saber quién es el que colaboró desde adentro del Centro de Justicia Penal con la organización delictiva. Como Peiti está prófugo los fiscales no tienen su teléfono para ver desde qué número recibió el mensaje con la información. Sí tienen el de Díaz. Desde ese aparato lograron acceder a la captura de pantalla. Esa imagen, sin embargo, no está completa y no permite advertir quién es el interlocutor.
Para el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, el episodio que involucra a la Justicia se trata de una situación “extremadamente grave”.
“Acá hay puntos graves donde hay, para mí un fiscal, no un empleado de fiscalía, que evidentemente tenía lazos estrechos con esta criminalidad. El MPA se desprestigiará porque hay o fiscales infieles, o fiscales aliados del mundo criminal o que no hacen lo que tienen que hacer para investigar estas cosas”, aseguró el funcionario.
GL
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