Hubo un tiempo en que los bonaerenses tuvieron un alivio inesperado en los índices de inseguridad pública: en los últimos 10 días de marzo y todo abril “apenas” se denunció entre
1.214 y 1.400 delitos penales por día. Cada hora que pasaba ingresó a las fiscales entre 47 y 50 causas por robo, asalto, entraderas, lesiones, amenazas y homicidios.
En los primeros 96 días de confinamiento por COVID-19 que van desde el arranque el 20 de marzo hasta el 25 de junio (fecha en que se tienen datos procesados) ocurrieron 189 muertes violentas en el territorio provincial. Representa un promedio de 1,9 por día, un 20% menos que las 2,3 víctimas diarias que se registraron en todo el año pasado.
Pero esa tranquilidad relativa se esfumó junto con el relajamiento de la cuarentena. En junio retomó a la Provincia la “nueva normalidad” con 2.033 denuncias penales por día, o medido con otro parámetro, 81 cada 60 minutos.
Así lo determina el único registro estadístico de inseguridad que existe en Buenos Aires elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte. Esta vez, el informe que se terminó de procesar en las últimas horas incluye un apartado para tratar de entender el comportamiento del delito en el período de pandemia.
El jubilado Jorge Ríos (70) fue golpeado por los ladrones y quedó detenido por matar a uno de ellos, en Quilmes.
El trabajo se difundió en el portal del Ministerio Público, a cargo de Julio Conte Grand, cuando un nuevo caso de violencia violenta puso otra vez en foco las políticas de seguridad pública. También en medio de un fuerte cruce entre el ministro provincial, Sergio Berni, y su colega de Nación, Sabina Frederic, que incluyó cruces verbales picantes entre ambos funcionarios, en un encuentro que tuvieron la semana pasada.
Los primeros días de confinamiento social obligatorio representaron un “veranito” para los vecinos del distrito, agobiados por los hechos violentos. De acuerdo con los datos del ministerio público, entre el 20 y el 31 de marzo (inicio del aislamiento “estricto” ordenado por el Gobierno) hubo una reducción del 57% en el número de presentaciones judiciales, en relación con el mismo período de 2019.
Casi con el mismo ritmo que el número de contagios e infectados por coronavirus, los datos delictivos comenzaron una curva ascendente en el trimestre: en abril hubo 46% menos que el año pasado; en mayo ese porcentaje quedó en 25% y en junio la reducción fue sólo del 19%. La estadística de julio aún no está cargada en el sistema, pero nada indica que la tendencia pueda haberse revertido, según coinciden los técnicos que manejan el procesamiento.
Es decir la inseguridad en el territorio bonaerense está cerca de alcanzar el promedio de 2019, cuando –según los mismos registros de la Procuración- se denunciaron 2.543 hechos por día.
El informe de la Procuración aporta guarismos a la polémica por el crecimiento de los casos violentos en el Gran Buenos Aires y a las controversias entre funcionarios por las políticas que se impulsan para contener el fenómeno.
Un informe publicado por Clarín este fin de semana consignó que hay una muerte cada tres días por hechos de inseguridad en territorio bonaerense, de los cuales el 45 por ciento son ladrones.
Ese relevamiento periodístico y las protestas vecinales en sitios donde la delincuencia actúa sin contemplar cuarentena, aislamiento o normas dispararon las alertas en los despachos oficiales de todos los niveles de gobierno.
La semana pasada también se reflotó el reclamo por la presencia de fuerzas federales en los municipios “calientes” del Conurbano. Nación y Provincia acordaron el envío de 311 gendarmes para complementar operativos en siete distritos del segundo y tercer cordón que rodea la Capital Federal: La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Florencio Varela. Pero resultó que en el reparto sólo salieron beneficiados los jefes comunales que pertenecen al oficialista Frente de Todos.
Intendentes de Juntos por el Cambio como Darío Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata) o Diego Valenzuela (3 de Febrero) hicieron un planteo público y privado ante las autoridades. Este fin de semana, el gobernador Axel Kicillof y Frederic se habrían comprometido con esos alcaldes a enviar oficiales federales para sus territorios. No hay fecha precisa o número definido. Pero estaría la promesa de acercar refuerzos.
Custodia policial en el domicilio de Jorge Ríos, el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. Foto: Andrés D’Elía.
En esas reuniones y en los intercambios políticos se advertía sobre un “aumento en el volumen de incidentes violentos y delictivos”. Una impresión que reconocían los jefes territoriales y descartaban los funcionarios más cercanos a Kicillof.
El reporte de la Procuración cuantificó esas opiniones. En los primeros 96 días del aislamiento se iniciaron 164.900 investigaciones penales preparatorias (IPP). Fueron mucho menos que las 247.800 que se abrieron en el mismo lapso de 2019, cuando el COVID-19 no existía en el diccionario epidemiológico y la Provincia tenía “liberadas” todas las actividades económicas y sociales.
EMJ
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