Tras el pago del tercer bono IFE, el Gobierno evalúa la renta básica universal ¿Cuál sería su impacto fiscal?

los sectores más vulnerables en la etapa de pospandemia. Si bien faltan delinear detalles, tal como anticipó Clarín, la renta básica universal (RBU) emerge como la posibilidad más firme y hasta fue mencionada por algunos funcionarios.

Uno de los puntos que evalúan es, precisamente, cuál será el impacto fiscal, además del alcance y monto que debería tener. Los cálculos privados sitúan que el gasto tendría un aumento en torno a 2,4% del PBI.

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El propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio algunas definiciones recientes sobre la renta básica universal. Por un lado, dijo que cuando se empiece a pagar el tercer IFE, hay que generar “un empalme que devenga en renta universal”.

Mencionó también que en una primera etapa esta renta universal será dirigida a quienes no tienen trabajo, y que la idea es vincularla con planes para generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo.

El universo abarcado por la RBU estaría en torno a 3 y 4 millones de beneficiarios: se trata del subgrupo de personas, dentro de los nueve millones que hoy cobran el bono IFE, cuya situación económica cayó mucho, había definido Arroyo.

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El monto, si bien aclaró que no estaba definido, sí mencionó que debería ser equivalente a un salario mínimo vital y móvil, es decir, de $ 16.875. El IFE es de $ 10.000, no mensual ya que se dio en tres oportunidades a lo largo de cinco meses.

“Esto tiene un impacto fiscal, pero en un contexto donde el Estado debe establecer claramente un piso para la caída”, reconoció Arroyo en declaraciones radiales recientes.

Desde el Ieral, instituto de estudios económicos de la Fundación Mediterránea, calcularon que si llegara a 3 millones de personas con un monto de $ 16.875 tendría un costo fiscal por mes de $ 50.600 millones, que al llevarlo a un año implicaría un 2,4% del PBI.

“El universo de beneficiarios de IBU equivale a un tercio de los perceptores del IFE y en términos de transferencias el monto mensual podría reducirse en un 43%”, describieron.

“Desde el Gobierno ha comenzado a hablarse de la creación de un ingreso básico universal, con carácter permanente. De avanzar en esta dirección, para su puesta en marcha es preciso determinar un monto por beneficiario adecuado con el objetivo de erradicar al menos la pobreza extrema y mejorar la distribución del ingreso”, describen.

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Hasta ahora, el Gobierno aumentó el gasto público para contener los efectos de la pandemia del coronavirus y lleva gastados, con datos al 30 de junio, $ 687.751 millones, según surge del proyecto de ampliación del presupuesto de 2020 que fue presentado al Congreso, al que tuvo acceso Clarín.

De ese total, las principales erogaciones se originaron en el bono IFE, por un total de $ 179.630 millones, y en el programa ATP (asistencia a empresas), por $ 132.500 millones.

De acuerdo a cálculos de Ecolatina (en base a datos oficiales), el porcentaje de empleos paralizados por el aislamiento está siendo mayor en los hogares de menores ingresos. “En términos numéricos, alrededor de la mitad de los puestos de trabajo del 20% de los hogares de menores ingresos (per cápita) habrían sido afectados por la cuarentena. Este porcentaje se reduce paulatinamente hasta rondar el 25% en el 30% de los hogares de mayores recursos”.

De esta manera, advierten que “la cuarentena está teniendo un impacto regresivo sobre la distribución de los ingresos laborales de los hogares”. Así, la posibilidad de otorgar una renta básica que ayude a morigerar la reducción de los ingresos de las familias se vuelve prioritaria.

AQ