Juntos por el Cambio salió a cuestionar la ampliación moratoria que impulsa el oficialismo, que obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto de Diputados, en medio de
fuertes cruces respecto a la situación del empresario Cristóbal López.
Lo hicieron a través de un comunicado conjunto del PRO, la UCR y la Coalición Cívica donde fijaron su posición en contra de la moratorias como política pública, debido a que “erosionan la cultura tributaria”.
“En el contexto de una crisis económica y social profunda e inédita, una moratoria amplia para contribuyentes en problemas debe ser una política excepcional. Su foco debe estar en quienes con enorme esfuerzo siguieron cumpliendo con sus obligaciones tributarias y quienes no pudieron hacerlo por el contexto vigente y a su pesar”, sostiene el escrito.
El documento se conoció tras la reunión por zoom de la Mesa Nacional de la coalición en la que estuvieron los principales dirigentes, los jefes de los bloques parlamentarios y los presidentes de los partidos, donde se resolvió rechazar los eventuales cambios en la conformación de la Corte Suprema.
Ahora salieron a cuestionar el proyecto de Moratoria que podría incluir el caso de Oil Combustibles, compañía del Grupo Indalo, “cuyos accionistas están afrontando un juicio oral y público por administración fraudulenta contra el Estado Nacional por haberse apropiado durante años del impuesto a los combustibles que pagaban los consumidores”.
Al tiempo que recuerdan que la empresa de Cristóbal López al momento de la denuncia, en marzo de 2016, que el monto aproximado de sus incumplimientos ascendía a cerca de 8.000 millones de pesos correspondientes a sus obligaciones del período 2013/2015.
Durante el debate del proyecto en la comisión de la Cámara Baja, los diputados de JxC calificaron de “ley de amnistía” para Oil Combustibles a la iniciativa del Frente de Todos, cuyo objetivo es darle aprobación en el recinto este viernes y que siga su curso hacia el Senado.
“La quiebra de Oil Combustibles tiene bienes por US$ 100 millones para repartir entre los acreedores. Un plan de pagos a 10 años no solo posterga innecesariamente el cobro por parte de AFIP (que representa el 90% del total de las acreencias de la quiebra), sino que resulta una verdadera afrenta para aquellos que continuaron pagando sus obligaciones o tuvieron que dejar de hacerlo obligados por la dureza del contexto“, sentencia el escrito de la coalición opositora.
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