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La Reforma Judicial que anuncia hoy el Gobierno impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, que ampliará el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico.
Ambos fueros tienen similar jerarquía, comparten la misma instancia de apelación máxima, la Cámara Federal de Casación Penal y sus Tribunales Orales están en el mismo espacio físico, el edificio de Comodoro Py 2.002, en Retiro.
El fuero federal de la ciudad de Buenos Aires tiene actualmente doce juzgados federales de instrucción en el tercero y cuarto piso de ese edificio que, según se anticipa, serán fusionados con once penales económicos, ocho de los cuales funcionan en Avenida de los Inmigrantes 1.150, a escasos metros, y los tres restantes en Sarmiento 1.118.
En total, en un principio, habría 23 juzgados de instrucción que se ocuparán de los delitos por los que antes cada fuero intervenía de manera separada.
Los juzgados penales económicos y federales de instrucción tienen dos secretarías cada uno y si se concreta otro aspecto de la Reforma, vinculado a la supuesta separación de las mismas para crear con cada una un nuevo juzgado, el número total de juzgados federales unificados sería de 46, con lo que haría falta nombrar nuevos magistrados.
Con la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se concretará desde esta noche, el fuero federal tiene ya tres vacantes para cubrir: la suya, la que dejó Sergio Torres al ser nombrado en la Suprema Corte bonaerense y la del juzgado federal 11 que estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio.
Ambos fueros, de igual jerarquía, comparten sede física en Comodoro Py para la mayoría de sus Tribunales Orales y tienen la misma instancia máxima de apelación previa a la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación
Según se anticipa, se unificarán la Cámara Federal y la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que cumplen el rol de primera instancia de apelación previa a una intervención de Casación Penal.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene dos salas con tres jueces cada una, con sede en avenida de los Inmigrantes, y la Federal cuenta con dos salas de tres jueces y una de ellas, la sala segunda, tiene dos vacantes.
En cuanto a los Tribunales Orales de los dos fueros, la mayoría de ellos funcionan ya en Comodoro Py 2002: el Penal Económico tiene cuatro en el edificio compartido con el fuero federal.
Los dos fueros suelen interactuar entre sí ya que muchas veces hay conflictos de competencia vinculados a los delitos a investigarse, como ocurrió en la causa Oil Combustibles, entre la jueza del fuero económico María Verónica Straccia y su par federal Julián Ercolini.
El presidente Alberto Fernández presentará este miércoles el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que además de unificar y duplicar los juzgados federales, designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema en aspectos claves como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas
Los once miembros del Consejo Consultivo son: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán presentados a las 16, en la Casa Rosada por el jefe de Estado, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.
La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para su análisis- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.
Sobre el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la ministra Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
