Agentes de seguridad federales, vestidos de civil o uniformados, se llevaron detenidas
Para eso, fichó a un controvertido abogado, John Yoo, que justificó legalmente el uso de la tortura en la “guerra contra el terror” de George W. Bush. El ex funcionario le confió al diario británico The Guardian que asesoró a la Casa Blanca sobre cómo Trump podría extender sus facultades y gobernar por decreto, emitiendo órdenes ejecutivas sobre una amplia gama de cuestiones. Según Yoo, el jefe de Estado podría hacerlo amparándose en un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la inmigración.
En una reciente entrevista con Fox News, Trump admitió que trataría de usar esa interpretación legal para impulsar proyectos vinculados al sistema de salud, la inmigración y “varios otros planes”.
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Los constitucionalistas y activistas de derechos humanos alertaron sobre el despliegue de fuerzas de seguridad federales en Portland, que detuvieron y reprimieron manifestantes. Según ellos, Trump usaría esa amplia interpretación de los poderes presidenciales para suprimir derechos constitucionales básicos. “Así es como empieza”, escribió en Twitter Laurence Tribe, profesor de la Universidad de Harvard. “El hambre dictatorial por el poder es insaciable. Si alguna vez hubo un tiempo para la desobediencia civil pacífica, ese tiempo está sobre nosotros”, agregó.
Esas advertencias se tornaron más apremiantes en las últimas horas. La Casa Blanca anunció hoy que envió agentes federales a otras tres ciudades de Estados Unidos gobernadas por alcaldes demócratas –Cleveland, Detroit y Milwaukee– con el supuesto objetivo de frenar el aumento de la delincuencia. “Estas tres ciudades están experimentando un aumento inquietante de crímenes violentos, particularmente homicidios”, dijo el ministro de Justicia, Bill Barr.
Esos grandes centros urbanos no fueron elegidos al azar: están ubicados en Ohio, Michigan y Wisconsin, tres de los swing states que Trump ganó por un margen estrecho en 2016 y en los que está ahora detrás de Joe Biden en los sondeos. Además, los jefes políticos de esas ciudades son demócratas. Enviando uniformados federales, Trump está no sólo avanzando sobre las competencias de los alcaldes y gobernadores, sino también avivando las protestas y el descontento del electorado hacia la clase política. Ese malestar podría salpicar el próximo 3 de noviembre no sólo al presidente o a los candidatos republicanos al Senado, sino también a los demócratas.
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La administración republicana había enviado refuerzos federales a Chicago y Albuquerque, donde los funcionarios locales, también demócratas, expresaron reservas sobre la iniciativa tomada en medio de la campaña presidencial.
El despliegue de uniformados federales que detienen sin orden judicial y la asesoría de Yoo, ex fiscal general adjunto del Departamento de Justicia que justificó métodos de tortura como el submarino en las cárceles secretas de la CIA, vaticinan un endurecimiento de la mano dura de Trump, que mira con desesperación cómo continúa cayendo en las encuestas, a medida que se propagan los casos positivos de coronavirus en el sur y oeste del país y la economía no termina de reactivarse.
Según el promedio de encuestas elaborado por Real Clear Politics, Biden tiene una intención de voto del 50% a nivel nacional, mientras que Trump cosecha un 41%. En estados cruciales como Wisconsin, Florida, Carolina del Norte, Arizona y Pennsylvania, la brecha se acorta a entre 3 y 7 puntos, pero sigue favoreciendo al demócrata.
Sin la posibilidad de encabezar actos masivos de campaña, el presidente apuesta a exhibir más músculo policial en las calles de las principales ciudades y polarizar con los demócratas en la cuestión de la seguridad. Para él, su supervivencia depende de la polarización y del “orden”.
