Hace 20 días, desde que tomó intervención en la causa, que la Justicia federal busca determinar qué pasó con Facundo Astudillo Castro (22). Y en estas horas, cuando se cumplen tres meses
de la desparición, no da pistas respecto del estado actual de la investigación. Apunta a confirmar o descartar si fue víctima de una “desaparición forzada”.
Recusado por la mamá del joven, Cristina Castro, y mientras aguarda que la jueza María Gabriela Marrón resuelva si sigue con la causa, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez va agotando algunas de sus estrategias. Pasó, sin ningún resultado, la segunda tanda de rastrillajes entre Villarino y Bahía Blanca que buscó seguir el trayecto que pudo haber tomado Facundo en dirección hacia esta última ciudad.
Se basó en lo dicho por una mujer el martes 14 de julio, cuando declaró que había dejado a Facundo cerca de la rotonda entre las rutas 3 y 22, luego de levantarlo cerca de Teniente Origone. Según la testigo, el chico quería evitar el paso por el puesto fitosanitario ubicado en el kilómetro 714, donde hay agentes de la policía y la Gendarmería.
Los abogados de la querella particular de la mamá del chico y la institucional de la Comisión Provincial por la Memoria consideran “mendaz” (falso) ese testimonio. Aseguran que la mujer dijo en realidad que el traslado habría ocurrido el 27 de abril y fue a un joven de unos 30 años y 15 centímetros más alto que Facundo. Atribuyen su inclusión en la causa a una maniobra de policías bonaerenses, sospechados de haber encubierto la desaparición del joven.
Mencionan entre ellos a Siomara Flores, la agente que dijo haber levantado con su auto particular a Facundo el 30 de abril, cerca de Mayor Buratovich y llevado hasta el acceso a Teniente Origone. En un adelanto para la querella del informe sobre el análisis de su teléfono móvil, constaría que el 8 de mayo eliminó la aplicación WhatsApp de su aparato. En otro chat, habría argumentado que salió de esa red social y Facebook, por temor.
“Pedíamos rastrillajes que, más que amplios, pudieran cruzarse con algunas de las pruebas objetivas que ya tenemos”, dijo el abogado Luciano Peretto. En ese sentido, mencionó los impactos de los teléfonos celulares secuestrados a Flores y otros tres policías en las antenas de la zona y el sistema AVL (Localización Automática Vehicular, en inglés) de los patrulleros.
Ambas tareas fueron encargadas a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y estuvieron a cargo de la División Operaciones Tecnológicas Especiales (DOTE). En relación al teléfono de Facundo, el lunes la fiscalía informó que se determinó dónde fueron los impactos registrados entre las 15 y las 19 del 30 de abril y su georreferencia, sin dar más detalles.
A la misma DOTE, le requirió un informe del AVL de los dos patrulleros secuestrados, móviles 23360 de Mayor Buratovich y 22788 de Teniente Origone y de otros doce vehículos policiales que circularon por la RN 3 aquel día. “Determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés” le requirió la fiscalía.
En tanto, las declaraciones testimoniales que viene tomando la PROCUVIN no terminan por ubicar a Facundo en Bahía Blanca, principal hipótesis de la justicia provincial y que Martínez pareció querer confirmar. Una de las audiencias fracasó por segunda vez este martes, ya que la testigo volvió a estar ausente en la pantalla de la plataforma que se utiliza para el trámite.
La mujer, vecina del barrio Napal donde Facundo vivió hasta febrero con su ex novia, declaró en la UFIJ 20 provincial que un día de mayo lo vio cerca de su casa. “Hola Facu”, dijo que lo saludó y él retribuyó con un movimiento de cabeza, mientras se colocaba una capucha. No volvió a verlo.
El lunes 21 debía ratificar su testimonio ante la PROCUVIN y no lo hizo, como informó Clarín. Fueron a buscarla a su casa y no estaba. Recién el viernes, Prefectura logró hallarla y notificarla de la citación. Pero volvió a faltar a la cita. “Pobre mujer, me da mucha pena. La han manipulado y guiado para donde ellos quieren”, se lamentó Cristina Castro.
“Si el fiscal Martínez se quiso sacar la duda de que mi hijo no llegó a Bahía Blanca, ya tiene todos los testimonios. Se le ha caído cada uno de los testimonios que ha querido llevar la policía bonaerense a Bahía Blanca. Mi hijo, no salió de Villarino y es acá donde tienen que investigar y buscarlo”, dijo la mamá a Canal 7 desde Pedro Luro, donde este jueves encabezará otra marcha.
La fiscalía anunció la reprogramación de otras audiencias testimoniales, aunque la querella asegura que con lo escuchado hasta ahora se ha robustecido la hipótesis de la desaparición de Facundo y su encubrimiento por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. “Estamos convencidos de que hay responsabilidad penal y el próximo paso es la imputación”, adelantó Peretto.
En ese sentido, remarcó que hay audiencias pendientes de definición hasta tanto no se sepa si los declarantes responderán como testigos o imputados. “No estamos ante un hecho aislado ni de concreción individual, sino que requiere de la participación de personas con distintos roles”, remarcó el abogado.
“Hay quienes hacen la detención ilegal, luego hay algunos que falsean sus testimonios para encubrir y hay otros que de alguna manera han dado un testimonio que falta a la verdad, pero de buena fe y que no tienen responsabilidad penal”, detalló al canal Somos Bahía, sobre la hipótesis que esboza la querella.
Hasta la semana pasada, involucraba, según sus dichos, a nueve efectivos de Pedro Luro, Mayor Buratovich y Bahia Blanca. Con los últimos avances en la causa, la lista de policías sospechados podría ampliarse. Y también la de potenciales encubridores.
Los abogados querellantes analizan un informe del lector de patentes con que cuenta el municipio de Villarino sobre la RN 3. En el listado enviado estos días a la fiscalía federal, aparece el dominio del vehículo de la mujer que dijo haber llevado a Facundo hasta la rotonda. Sin embargo, ese dato no figuraría en un informe previo que había solicitado en su momento, la justicia provincial.
GL
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