Al menos 20 nuevos procedimientos eran realizados este miércoles en el marco de la causa federal que investiga por “asociación ilícita y narcotráfico” a un fiscal de San Isidro, policías bonaerenses del área
de Drogas Ilícitas y abogados.
“Son unos 20 procedimientos, la mayoría en búsqueda de pruebas, y otros son notificaciones de personas que quedaron imputadas en la causa pero no serán detenidas”, aclaró a Télam una fuente vinculada al expediente.
La causa, llevada adelante por la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal federal 2 del mismo distrito, Rodolfo Fernando Domínguez, tiene 12 detenidos: nueve de ellos policías, dos secretarios judiciales y un civil.
Pero en los 34 allanamientos realizados el viernes pasado por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA), había 24 órdenes de detención, por lo que aún están prófugos 12 imputados, entre ellos tres abogados penalistas.
Respecto a la situación del principal implicado, el fiscal Claudio Scapolán, cuya detención no se efectivizó por tener fueros, aunque la jueza ya presentó ante la Corte bonaerense un pedido de desafuero, fuentes de la Procuración General bonaerense informaron que se encuentra de licencia desde el lunes pasado.
Scapolán se desempeñaba en la actualidad en la Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, pero los hechos que le imputan están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.
La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaban en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.
Al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron las irregularidades y quedaron nulas y motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.
Una de ellas, según las fuentes, es una causa de 2015 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro le “plantaron” cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le “armaron” una causa.
En ese expediente, el denunciante presentó un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento que presuntamente compromete al fiscal Scapolán y a los policías.
Otra de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación “Leones Blancos”, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y tras un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.
En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense -que supuestamente había dado origen al procedimiento-, nunca existió y en cambio sí se detectaron antes de ese supuesto llamado cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.
Además, declararon policías arrepentidos que afirmaron que en ese operativo hicieron figurar 500 kilos de cocaína, pero en realidad era el doble y se robaron media tonelada de esa droga.
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