En la última audiencia de alegatos en el juicio oral por La Ruta del Dinero K, a cargo del fiscal Abel Córdoba, se conocerá su pedido de condena para Lázaro Báez, sus cuatro hijos,
Leonardo Fariña, Federico Elaskar, entre otros. A todos los encontró responsables de haber construido una “compleja ingeniería transnacional” que lavó 60 millones de dólares. En su acusación, Córdoba sostuvo que el empresario K encabezó una “organización que se dedicó a mover dinero oculto” y que el delito precedente de tales operaciones eran tanto las maniobras “tributarias como la obra pública” obtenida y ejecutada en forma irregular por Báez, según se juzga en otra causa cuya principal acusada es Cristina Kirchner. Para Córdoba, todas las maniobras de blanqueo “iniciaban y terminaban en Austral Construcciones y Báez”.
Las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) ya pidieron condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero.
En la Ruta del Dinero K se juzga el blanqueo de 60 millones de dólares realizado en tres etapas, cuyos responsables son acusados de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad“. Se tuvo también, en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, además de la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
En base a esta acusación, el fiscal Córdoba desplegó su alegato en tres jornadas; dio por corroboradas las maniobras que tienen como principal responsable al ex socio comercial de Cristina Kirchner. Al estudiar la estructura delictiva, ratificó los enjuagues investigados por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.
La Fiscalía sostuvo que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones, y consideró que el empresario K “fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado”. Y reforzó el concepto: “La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares”.
La Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (51 contratos por 46.000 millones de pesos). En este expediente a cargo del TOF 2 se está juzgando a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita. Las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de lavado de dinero: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría haber ingresado a la organización de blanqueo dinero.
Para el fiscal ante el TOF 4, ya no quedan dudas de que el origen del dinero volcado a las operaciones de blanqueo entre 2010 y 2013, “tenían un origen ilícito”, Si se hubiese tratado de dinero legal, remarcó Córdoba “tenían opciones menos intrincadas, menos costosas y más vinculadas a la actividad de base para capitalizar a Austral Construcciones”.
No era ese el objetivo real, según sostuvo la fiscalía, sino que cada cuenta radicada en Suiza, cada empresa off shore creada en paraísos fiscales, perseguía un único fin: lavar dinero. “Báez conocía que había otros circuitos más básicos y legales, eligió otros”.
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