En otro de sus giros conceptuales, el presidente Alberto Fernández dio un paso más en el plan oficialista para modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia.
En un intento de compatibilizar su opinión histórica contraria a esa manipulación, este jueves dijo que el máximo tribunal “con cinco miembros puede funcionar, pero así está funcionando mal. Con cualquiera que usted habla le dice que la Corte está virtualmente paralizada”. Las estadísticas oficiales desmienten esa afirmación.
En 2019 la Corte resolvió 29.191 causas, cuatro veces más que el año anterior. Según el desglose de esos expedientes, la mayor cantidad de temas resueltos corresponden a cuestiones penales, laborales y previsionales. Este último dato es clave: los copiosos reclamos previsionales llueven sobre las oficinas de la Corte a causa de las apelaciones de los sucesivos gobiernos a los fallos de instancias inferiores contra la Anses, por malas liquidaciones a los jubilados. Si el Poder Ejecutivo cumpliera su compromiso de no recurrir esas sentencias, el máximo tribunal vería aliviado gran parte de su trabajo.
Segun los números publicados hace meses por la Corte, el año pasado el tribunal resolvió 29.191 causas, con el dictado de 7246 sentencias. En 2018, se habían liquidado 7.835 controversias, con 6814 sentencias.
Según datos consignados en la base de jurisprudencia de la Corte, en 2019 se dictaron 1.692 resoluciones en materia penal, 1.218 laborales y 1.148 previsionales. Le siguieron en volumen las relacionadas a temas administrativos (795) y civil y comercial (753). Los fallos previsionales fueron los que más impacto tuvieron medidos por expedientes, pues con ellos se resolvieron 16.436 causas.
El malestar de los jueces de la Corte con la avanzada del gobierno sobre el tribunal –nadie allí tiene dudas de que el objetivo de la “reforma judicial” es rediseñar la Corte para influir en sus resoluciones de impacto político– quedó reflejado este miércoles con la ausencia de casi todos sus integrantes al acto de presentación de la reforma, convocado por Alberto Fernández en la Casa Rosada. Solo la ahijada histórica del presidente en el tribunal, Elena Highton, aceptó la invitación.
Por ahora, los jueces no quieren romper lanzas en público. Pero las declaraciones de Fernández respecto a la supuesta “paralización” del tribunal soliviantaron los ánimos más reposados. “El presidente está mal informado”, dicen en dos de los despachos contiguos a los de la sala de acuerdos. Y vuelven a remitir a las estadísticas. Durante el primer semestre de 2019, los casos de trascendencia pública se trataron y resolvieron según el calendario fijado y anunciado por el propio Tribunal, recuerdan.
Los números dicen que, durante el pasado año, mayo y octubre fueron los meses con mayor cantidad de sentencias dictadas, con más de 800 por mes. Y que el del 22 de agosto resultó ser el acuerdo con más cantidad de resoluciones: 240. El 19 de marzo se alcanzó el pico de causas resueltas con un total de 1.547.
Aunque las estadísticas vuelven a dejar mal parado al presidente, sus palabras están inspiradas por la política, y no por la aritmética. La Corte tiene en sus manos varios expedientes de altísimo interés para los funcionarios del oficialismo, por sus consecuencias económicas, penales y también institucionales.
Entre estos últimos, es clave su sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano político que administra el Poder Judicial, selecciona los candidatos a jueces y los evalúa según la calidad de su desempeño. Ese organismo creado por la Constitución de 1994 fue modificado en 2006 a instancias del peronismo y bajo la espada de la entonces senadora Cristina Kirchner. Desde ese momento, el oficialismo controla la mayoría necesaria para bloquear designaciones o juicios políticos. La reforma fue declarada inconstitucional por varios jueces. Pero los gobiernos apelaron hasta llegar a la Corte. Muchas discusiones se acabarían si sus jueces opinaran de una vez al respecto.
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