Pasaron siete años. Un papá con dudas buscó respuestas para asegurarse de que su hija estaba segura. Lo que descubrió desató el escándalo. Envió a la nena con una grabadora en
la mochila y grabó a las maestras. Así descubrió que maltrataban a los chicos. Esas horas de audio fueron una de las pruebas fundamentales para llegar a juicio, cinco años después de la denuncia.
Recién en 2018 la Justicia condenó a la directora, Noemí Núñez; a su socia, Mariana Buchniv; a la docente Yanina Gogonza; y a las auxiliares Noelia Gallardo y Vanina Diap, por “abandono de persona agravado, amenazas y lesiones” contra al menos 40 nenes. Las penas fueron de 4 años y medio a 7 años. Ninguna está en la cárcel, ya que todas cumplen la condena en sus casas.
F. tiene ahora 9 años. Fue a Tribilín desde los tres meses hasta los 2 años. Todavía tiene episodios vinculados al maltrato que sufrió cuando era apenas un bebé. Todavía le cuesta lavarse la cara solo. Sus papás aún esperan que se confirme la pena contra las agresoras.
Los familiares de los nenes, el día de las condenas en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro. Foto Néstor García.
A él y a otros chicos que asistían al jardín, tal como quedó probado en el expediente, los sometían a maltratos verbales y físicos. Uno de los castigos era “la pileta”.
“Terminala porque te vas a ir a la pile”.
¿Querés ir a la pileta? Callate, callate”, se escuchaba entre los gritos e insultos que registró el grabador.
“Al agua no, al agua no”, rogaba otro chico entre llantos desconsolados.
El castigo era sumergir la cara de los niños en una pileta. Esa angustia llevó a que los chicos tuvieran miedo a bañarse o de que les mojaran el rostro. Los maltratos que padecían y sus consecuencias las vieron los psicólogos que plasmaron sus informes en el expediente judicial. Antes, cuando los padres se unieron para denunciar, y ahora, que siguen esperando la confirmación de las penas.
Por estos días la sala segunda de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires falló en relación a las apelaciones presentadas por la defensa. Confirmó la sentencia del TOC N° 4 que las consideró culpables, pero “falló impugnando a nivel de la determinación de la pena, excluyendo el agravante a la ‘modalidad comisiva’ en razón de tratarse de una circunstancia contenida en el tipo penal aplicado”.
Según explicó el abogado representante de la querella, Sergio Arenas, “hay otros agravantes que han quedado confirmados en el fallo y lo importante es que la Cámara confirma la mayoría de los hechos que se probaron en el juicio”.
Además, las fuentes señalaron que, con una composición diferente, el Tribunal Oral N° 4 de San Isidro deberá convocar a una nueva audiencia en la que las partes (fiscalía, defensa y particular damnificado) podrán debatir para que los jueces definan los nuevos montos de pena. Lo más probable, especulan, es que se las rebajen.
¿Qué quiere decir? Para la Casación, las condenadas cometieron los delitos de amenazas y lesiones, pero descartan el abandono de persona al considerar que no puede cometerse al mismo tiempo que las lesiones.
El tecnicismo judicial sólo demora más el proceso que debieron atravesar las familias. Puede implicar no sólo una rebaja de la pena, sino también abrir el camino a nuevas y futuras apelaciones.
Para los jueces Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, se comprobaron maltratos que les dejaron a los chicos secuelas psíquicas y de aprendizaje, y que las maestras colocaron en riesgo la salud física y psíquica de sus alumnos.
En 2018 el TOC N° 4 había condenado a la directora, Noemí Núñez, a 7 años y 6 meses de prisión. A su socia, Mariana Buchniv, a 5 años y 6 meses de prisión. La docente Yanina Gogonza, a quien en un audio se escuchó maltratar a los chicos, también recibió una de las penas más altas: 7 años.
La auxiliar Noelia Gallardo fue sentenciada a 6 años y 3 meses de prisión y otra auxiliar, Vanina Diap, a 4 años y 6 meses de prisión.
En todos los casos, fueron además inhabilitadas por 10 años para todo tipo de actividad relacionada con niños. En 2028 podrán volver a tener niños bajo su cuidado.
“Es una mezcla de sensaciones. Dependiendo el día es cómo lo vivimos. Es una cosa que no se termina nunca. Y pienso, están cumpliendo la domiciliaria, y uno entiende el contexto, pero ellas todos los días están en la casa, comen con sus familias, están encerradas sí, como vos y yo en este momento. Tienen la misma vida que cualquiera de nosotros en cuarentena pero ellas cometieron un delito. Yo tengo que acompañar a mi hijo y contenerlo todavía cuando se desata alguna situación producto de lo que ellas le hicieron”, se indigna Valeria, la mamá de uno de los chicos que asistía a Tribilín.
El fallo de Casación confirma la sentencia pero no el monto de la condena. Cuando, coronavirus mediante, logren realizar la audiencia podrían rebajarles la pena por el agravante que anula el fallo. Diap, que fue condenada a cuatro años y seis meses, y que cumplió un año y medio en un penal y lleva cuatro meses con domiciliaria, quedaría al borde de la excarcelación.
En O’Higgins 591 funcionaba el Jardín Tribilín.
Ninguna de las cinco responsables por los maltratos contra 40 chicos que asistían al jardín de infantes pasó más de un año y medio en un penal, incluso Diap y Buchniv jamás pisaron uno. Los familiares de los chicos dudan que alguna vez vuelvan a la cárcel.
Núñez, Gogonza y Gallardo fueron liberadas en abril. Los jueces Gustavo Herbel, Margarita Vázquez y Carlos Blanco, de la sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías Penal, decidieron darles -cuando la pandemia llegó al país- el beneficio de la prisión domiciliaria y, entre otros motivos, usaron las recomendaciones de la Corte para liberar penales bonaerenses.
Valeria cerró: “Tengo una frustración y una bronca cada vez de que me acuerdo lo que le hicieron a mi hijo. Estuvimos a punto de tirar la toalla muchas veces en estos siete años porque no ha sido fácil llegar a juicio y a esta instancia. Seguimos por los chicos y porque queremos que quede como un precedente porque esto es grave y no le puede pasar a nadie más. Ellas estuvieron en un penal, tienen que cumplir una condena porque cometieron un delito. Yo me acuerdo de todo lo que le hicieron a mi hijo… y él no tuvo la libertad de decidir”.
EMJ
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