Tras casi cinco meses de parate por la pandemia, retoman el juicio de obra pública contra Cristina Kirchner

por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La modalidad establecida para las dos audiencias que se harán cada semana es semi presencial y se continuará con la etapa de las declaraciones testimoniales. La audiencia de este lunes comenzó a las 9.30, y los acusados y testigos la siguen a través de zoom.

A esa hora, con ellos mismos situados en la sala de los tribunales de Comodoro Py, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu reanudaron el debate oral del juicio contra Cristina Kirchner, varios de sus ex funcionarios y Lázaro Báez, cuya última audiencia se había celebrado en marzo. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado 51 contratos viales a favor de Báez.

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Después de dos pruebas con la plataforma virtual que proporciona la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, el Tribunal resolvió que se retomará el juicio a través de Zoom. Las audiencias serán los lunes y los martes.

La decisión de avanzar con audiencias semi presenciales llegó después de un polémico debate respecto a las imposibilidades técnicas que adujo el Consejo de la Magistratura. Además, el órgano responsable de manejar los fondos del Poder Judicial -presidido por Alberto Lugones- había asegurado que existía una extensa lista de causas que tenían prioridad antes de la que involucra a la ex presidenta.

Este proceso tiene a la vicepresidenta como la principal acusada y a otros quince imputados, entre ellos Lázaro Báez, Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López.

El juicio comenzó hace un año y quedó suspendido en marzo, a raíz de la pandemia del Covid-19, razón por la cual el fiscal Diego Luciani había solicitado que se reanuden las audiencias de forma virtual. Esto tuvo una primera respuesta de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, donde se señaló que “por el momento no estaban dadas las condiciones técnicas” para realizar un juicio de esa envergadura.

Finalmente, el Consejo proporcionó al TOF 2 el sistema a través del cual podrá realizarse el juicio. La propuesta de reanudar de esta manera fue aceptada por la ex presidenta pero cuestionada por Báez y los ex funcionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López, entre otros. Sin embargo, los jueces decidieron retomar el caso.

El juicio se realizará de forma semi presencial, combinando a los jueces en la sala de audiencias en Comodoro Py con otras personas que estarán conectadas de forma remota. El TOF 2 explicó que en la sala sólo estarán, además de los jueces, “el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial, y la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura”.

Con la reanudación del debate oral se continuará con las declaraciones testimoniales. De más de 160 personas aceptadas sólo subieron al estrado, seis de los testigos: Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Ricardo Stoddart, Mariana Zuvic y Silvina Martínez.

Desde el comienzo del juicio se celebraron 25 audiencias. Si bien era el turno de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, y denunciante en este caso, se determinó que su declaración se escuchará más adelante. Fue el ex funcionario macrista quien presentó una auditoría que arrojó que más del 78% de los contratos volcados a la provincia de Santa Cruz, fueron concedidos al Grupo Austral, y que dichas adjudicaciones “estaban plagadas de irregularidades, que hubo direccionamiento, sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se concluyeron”.

El caso del presunto direccionamiento de las 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez se admitió como el delito precedente de otras operaciones de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez (“la ruta del dinero K”), y a la familia Kirchner (Los Sauces y Hotesur). En este juicio, el Gobierno integra la querella a través de la Oficina Anticorrupción.