Coronavirus en Argentina: advierten que la prohibición de las reuniones familiares y sociales será muy difícil de controlar

reservar su nombre- no dudó en cuestionar la decisión del Presidente Alberto Fernández de prohibir los encuentros sociales y familiares para apaciguar los contagios de coronavirus. A dos días del anuncio, que incluye sanciones penales para los “rebeldes” que se junten con amigos o familiares, las provincias se van “pintando” de distintos colores según la traducción subjetiva que hacen del decreto nacional. De esa heterogeneidad salen algunos interrogantes: ¿Por qué algunas provincias dicen que acatarán a full la medida y con más dispositivos de control, mientras que otras seguirán como hasta ahora, resignadas al “hacemos lo que podemos”? A la vez, ¿es posible controlar a la población (sin pasarse de la raya) o solo fue una declamación exagerada del Presidente?

Clarín habló con autoridades de Seguridad de varias jurisdicciones. Unos pocos llamados bastaron para vislumbrar los contrastes típicos del territorio nacional. Desde provincias confiadas en su poder de “detect-ar” incumplimientos, como el caso de Mendoza, que anunció un seguimiento urbano y virtual, en busca de potenciales infractores en las redes sociales, hasta la “rebelde” del momento, Corrientes, que se resiste a volver de la cuarentenalight.

Tanto es así, que una alta fuente de ese Gobierno quiso aclarar la cuestión a este medio, pero no pudo evitar enredarse: “No es que se va a desacatar el decreto. Lo que dijo el Gobernador (Gustavo Valdés) es que se va analizar el tema. Seguimos en fase 5 porque los controles se mantienen bastante firmes y no hay mucha circulación de la gente. El gobernador dijo que estamos bien. Nuestra situación no es parecida a la de Resistencia (Chaco) o la del AMBA”.

El asunto es álgido y por eso varias fuentes pidieron hablar off the record. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde un vocero que charló con este medio admitió que prohibir las reuniones “es una medida imposible de cumplir”, sin contar lo difícil que es probar la responsabilidad de alguien cuando proliferan los contagios en cierto domicilio. Básicamente, “el delito que busca penar es prácticamente incomprobable”, frase en línea con otra más trillada que también dijo: “La peor medida es aquella que no se puede controlar”.

En la ciudad de Buenos Aires se respira un aire similar. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que “siempre se responde a las denuncias que pueden ingresar al 911 o al 147 sobre estas situaciones. Y también el personal que está en la calle trabaja con atención en el tema. Ya se han puesto a disposición de la Justicia muchas fiestas clandestinas en la Ciudad. Como siempre, se apela a la responsabilidad de los vecinos, para no echar por tierra lo logrado”. Es decir, controles hay, pero no se sumará ningún dispositivo nuevo tras el decreto.

Hablando de responsabilidad individual, más vale tenerla, en especial si uno vive en Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet aclaró que, si bien la provincia “no volverá a una situación de aislamiento”, se “agregan prohibiciones”. Y remarcó: “Vamos a garantizar el cumplimiento del decreto trabajando con las fuerzas de seguridad provinciales, federales y agentes municipales de cada ciudad”. En línea con esos dichos, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, advirtió este martes que quien viole el decreto será “pasible de pena privativa de la libertad”.

En Santa Fe se anunció que la policía provincial volverá a trabajar con los municipios tal como ocurrió durante la cuarentena ​más restrictiva. Se habilitó una línea 0800 para denunciar incumplimientos y se sumará un monitoreo de redes sociales. Rosario -donde los encuentros ya estaban prohibidos- continuará los operativos para desarticular fiestas clandestinas, pero ahora tiene previsto enfocarse también en “juntadas” más chicas.

Aunque el DNU parece claro, su enfática letra no termina de cubrir los matices de distintas normativas provinciales ya adoptadas por la población. Por ejemplo, las reuniones que no ocurren en el ámbito privado sino en público: bares y plazas, o simplemente, en la vereda.

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Es el caso de Córdoba​: suspendieron las reuniones familiares domingueras que estaban permitidas para un máximo de diez personas, pero “los bares siguen abiertos (siguiendo el protocolo sanitario); ahí hay un gris en la aplicación del decreto nacional”, explicaron desde el entorno del Gobernador Juan Schiaretti​.

En cuanto a las medidas de control, seguirán como hasta ahora: entre otras, un 0800 para denunciar encuentros o fiestas, y la aplicación de una flamante ley de multas, lanzada por el propio gobernador y aprobada el 8 de julio por la Legislatura provincial. En cuanto a los encuentros de los domingos, agregaron: “Volverán a habilitarse desde el 16 de agosto, si no hay nuevas determinaciones de Nación”.

Misiones, otro caso con severas contradicciones, completa una foto del Noreste argentino biendispar. Por un lado, Corrientes, en aparente pose de “oveja negra”; por el otro, la dureza de Entre Ríos; y en la jurisdicción gobernada por Oscar Herrera Ahuad, mientras aseguran que adhieren a la medida nacional, se mantienen varias actividades autorizadas por protocolo: esto es, locales gastronómicos abiertos, turismo interno y prácticas deportivas: fútbol amateur, ciclismo, caminatas y running.

Un escenario tan variado despierta algunas preguntas. ¿Tiene sentido este DNU o es otro típico “error de comunicación” de la esfera política? ¿Por qué la inclinación por la amenaza de sanción penal antes que una enfática “recomendación” a la población?

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Un experto en psicología forense, abocado al estudio del delito y la delincuencia, pidió mantener su nombre en reserva antes de definir el incómodo lugar en el que, a su juicio, quedó posicionado el Presidente Alberto Fernández en el contexto de la pandemia.

“El problema con el DNU es casi un tema de transferencia, es decir, de intercambio de saber. Ocurre que el saber que la gente le atribuía al Presidente cuando comenzó la pandemia ya no es el mismo que ahora. Primero tenía una posición respetada: no era soberbio, era cauteloso, había elegido un comité de expertos, era prudente. Ahora es criticado: dicen ‘tenemos un gobierno de médicos’, y algunos sienten que están en jaque las libertades individuales: terminaron inscribiendo en el fuero penal lo que no alcanzaron a controlar con la responsabilidad individual”.

Así, “se deslegitimó la autoridad de ese saber. Hoy la gente le teme más a cómo subsistir que al propio coronavirus”, dijo el experto, y concluyó: “Creo que el decreto va a ser muy difícil de cumplir en este momento de la cuarentena. Va a caer en saco roto. La amenaza penal es extemporánea. Al principio la gente tenía miedo y hubiera acatado, incluso sin sanciones. Pero ahora… todos están cansados”.

Colaboraron: Lucas Aranda, Ernesto Azarkevich y Roxana Badaloni

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