Piden investigar si hay conflictos de intereses entre los miembros de la comisión asesora para reformar la Corte

entre los miembros de la Comisión Consultiva para reformar la Corte Suprema que, simultáneamente, tienen recursos pendientes en el máximo tribunal a favor de sus clientes.

La también ex titular de la OA consideró que fundamentalmente casos como los abogados Carlos Beraldi y León Arslanian podrían estar violando la ley de Etica Pública porque integrar la comisión y, a la vez, defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario K Cristóbal López y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quienes tienen recursos pendientes ante la Corte. Por ejemplo, Beraldi tiene 6 recursos pendientes ante la Corte.

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En una nota presentada ante la OA, Alonso pidió a Crous que se expida sobre esta situación, preocupada por la posibilidad de una eventual violación de la Ley 25.188 de Ética Pública, el Código de Ética del Gobierno y de la Convención de ONU contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE.

Entones, Alonso solicitó a Crous que “analice y resuelva – con carácter urgente -sobre las situaciones de potenciales conflictos de intereses de los Miembros del Consejo Asesor Decreto 635/2020, especialmente en el caso de los que no ocupan cargos públicos y ejercen la profesión de manera liberal”. “Los intereses de sus clientes defendidos pueden contaminar sus apreciaciones en el marco de la actuación prevista por el decreto presidencial”, añadió.

En la nota, Alonso reclama a la OA que, “especialmente, solicite una declaración e intereses y una lista de clientes a los miembros del Consejo a fin de analizar la situación de cada uno a la luz de las normas citadas”.

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Recordó que la OA estableció en resoluciones anteriores que los miembros de Consejos Asesores “ad honórem” cumplen función pública y por tanto, se les aplican todas las previsiones de la ley 25.188 y el Código de Ética del Poder Ejecutivo Nacional, aunque no ejerzan cargos públicos.

Entonces, para Alonso “la OA debe realizar una exhaustiva tarea de control preventivo de intereses a fin de evitar eventos de integridad o potenciales delitos (tráfico de influencias) que pueden contaminar la tarea de este comité asesor y recomendar a estas personas las conductas apegadas a la Ley de Ética Pública y al Código de Ética Pública”.

Para la ex diputada, la OA también “debe informar al Presidente de la Nación y a la Secretaría Legal y Técnica de esta denuncia y el procedimiento a realizar a fin de dar cumplimiento a las actividades de esa OA legalmente previstas”. “Si es necesario, debe recomendar la suspensión el inicio de tareas del Consejo hasta tanto la OA resuelva esta denuncia a fin de preservar el proceso de cualquier sospecha”, agregó.

Además ,el Comité Antisoborno de la OCDE ha puesto bajo la lupa de su control las reformas judiciales y sus efectos en sucesivas evaluaciones especialmente en 2014 y 2016. Una situación de este tipo “podría ser interpretada como una aviesa violación al Artículo 5 de la Convención Antisoborno del mencionado organismo internacional ratificada por el Estado argentino”, advirtió Alonso. “Ello traería como correlato una posible sanción del Grupo al Estado argentino afectando no sólo la reputación internacional sino marcando un retroceso respecto de los avances realizados que ese mismo organismo destacó en 2019”, afirmó la ex titular de la OA.

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El comité asesor que en 90 días deberá dictaminar si se debe reforma la Corte está integrada por los jueces y abogados Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.