Una década y parece ayer. Pasaron 10 años desde que un accidente en una mina en pleno desierto de Chile, dejó enterrados en las entrañas de la tierra a
33 hombres, que salieron vivos casi milagrosamente.
Una única vía de entrada y salida, una chimenea sin escaleras de emergencia, una grieta que llevaba tiempo abriéndose paso en la roca, unos empresarios más interesados en el “boom” de las materias primas que en la seguridad y una autoridad con poca capacidad para fiscalizar. Fue un cóctel que condujo directo al desastre.
El 5 de agosto de 2010 llegó el derrumbe en la mina San José, un viejo yacimiento de oro y cobre del norte de Chile, en la desértica región de Atacama, donde los 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra durante 69 días.
Fotografía de archivo de octubre de 2010 muestra el rescate del minero Jorge Galleguillos./ EFE
Con el mundo entero en vilo fueron sacados de las entrañas de la tierra en un rescate faraónico, que comenzó el 12 de octubre y despertó el orgullo de todo un país.
El Matadero de San José
“A los patrones solo les interesaba la producción. Nos controlaban por las cámaras y si nos demorábamos en sacar un camión llamaban desde Santiago para ver qué pasaba”, dice el minero Jorge Galleguillos.
AFP
Frente a la boca del túnel apretado por el que volvió a la vida, Galleguillos recuerda que la mina era conocida como el “Matadero San José” y que ya había sido cerrada en al menos dos ocasiones tras la muerte de dos trabajadores en 2004 y 2007.
“La mina crujía constantemente, no paraba de avisarnos”.
Hoy –todavía– estos 33 hombres buscan sobrevivir, una indemnización y recuperar los derechos de una historia que maravilló al mundo y que los hizo famosos sin buscarlo.
Treinta y uno de los 33 mineros demandaron al Estado y a la minera San Esteban, dueña del yacimiento, como responsables del derrumbe que los sepultó por 69 días a más de 600 metros en el interior de la mina San José, en la ciudad de Copiapó. Los mineros Luis Bustos y Juan Illanes se restaron de la acción judicial por decisión personal.
Tras ocho años, la justicia condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 110.000 dólares a cada uno y exculpó a la minera San Esteban.
Mario Sepúlveda uno de los más carismáticos del grupo de los 33 mineros de Atacama. /AFP
Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló el fallo, al estimar que los mineros ya fueron resarcidos al recibir pensiones vitalicias (14 de los 33 por edad y patologías) y ayuda económica privada. El recurso aún no ha sido resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago. Nadie cobró.
“En nuestra opinión, la sentencia contiene errores y vicios que la hacen anulable, sin perjuicio de vulnerar diversas normas legales que hacen necesaria la revocación de lo decidido”, indicó el CDE.
En 2017, la justicia chilena decidió disolver la fundación Los 33 de Atacama, creada para preservar su historia, el uso turístico y la administración del museo que hoy se encuentra fuera de la mina.
Aún aturdidos por la atención mediática, los 33 mineros establecieron una sociedad junto a los abogados chilenos Remberto Valdés y Fernando García, a quienes entregaron los derechos a perpetuidad de su historia.
Bajo este acuerdo fue producida la película estadounidense “Los 33”, protagonizada por el español Antonio Banderas y la francesa Juliette Binoche, dirigida por la mexicana Patricia Riggen y producida por el estadounidense Mike Medavoy, responsable de cintas legendarias como “Rocky” y “Apocalipse Now”.
Omar Reygadas, uno de los 33 mineros./ AFP
Pero por concepto de derechos, los mineros acusan no haber recibido ningún peso. Tampoco por el libro “En la oscuridad”, escrito por Héctor Tobar.
“En el tema de la película se perdió todo, quedamos debiendo 2 millones de dólares. Los libros en todas partes se han agotado pero no nos ha llegado ni un peso”, dijo Omar Reygadas, uno de los 33 mineros.
En 2015, decididos a recuperar los derechos de su historia, 12 de ellos presentaron una demanda contra los abogados Valdés y García, a quienes acusaron de “estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación”.
Uno de los mineros muestra una habitación que recrea una de las zonas de la mina. / AFP
“Los mineros querellantes no han perdido la esperanza, no la perdieron hace 10 años, no la han perdido ahora. Esperan llevar a juicio oral a los responsables y que estos puedan ser juzgados, condenados y mis mandantes vuelvan a ser dueños de sus vivencias”, explicó Alejandro Peña, su abogado en la causa.
En la querella se indica que los abogados demandados “nunca les permitieron (a los mineros) tener acceso a ninguna información y toma de decisiones, nunca les informaron detalladamente la totalidad de las partidas ingresadas y menos les permitieron administrar sus derechos como se les había prometido”. Los letrados también son acusados de haberse embolsado 185.000 dólares que debían repartir.
En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minas destacó el fortalecimiento de las fiscalizaciones mineras tras el accidente. Si al año 2010, se realizaban alrededor de 2.400 fiscalizaciones, estas aumentaron a más de 10.000 el año pasado, y los decesos al año bajaron de 45 a 14.
AFP y EFE
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